Mientras en el Órgano Judicial, los jueces de cumplimiento han otorgado, al menos, 12 medidas cautelares de depósito domilicario, en el Ejecutivo, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) comunicó que evalúa la rebaja de pena de 78 detenidas.
Todo ello tras recomendaciones de expertos nacionales e internacionales para tratar de hacer frente a la propagación de la pandemia del Covid-19 en las cárceles, caracterizadas en general por el hacinamiento y la prevalencia de enfermedades respiratorias.
Desde el pasado miércoles, el Judicial habilitó a los jueces de garantías para hacer audiencias virtuales en casos de medidas cautelares y depósitos domiciliarios. Para calificar, los internos deben tener buena conducta y haber cumplido dos terceras partes de la condena.
Las enfermedades más comunes
La población penitenciaria de Panamá, a febrero de este año, es de poco más de 18 mil, De ese total, cerca de mil son mujeres. Las enfermedades más comunes tienen que ver con deficiencias respiratorias y asma, según un estudio reciente.
Mediante un comunicado, la DGSP informó ayer que podrían ser beneficiadas con una rebaja de pena aquellas internas que mantengan una condena de prisión ejecutoriada, padezcan una enfermedad crónica, mayores de 60 años de edad, hayan cumplido dos terceras partes de su pena con buena conducta, y se encuentren dentro de algún programa de resocialización.
La decisión se fundamentaría en el artículo 184 de la Constitución, que da esta facultad al presidente de la República.
Esta semana, la presidenta de la junta directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño, hizo un llamado a los jueces de ejecución de sentencia para que dicten medidas de depósito domiciliario a favor de aquellos privados de libertad que califiquen. Adujo que las cárceles tienen un alto nivel de hacinamiento, lo que, a su juicio, podría provocar “un desastre” con la llegada del Covid-19.
También esta semana la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presidida por Michelle Bachelet, pidió la reducción del número de personas en detención ante el inminente riesgo que se avizora por el crecimiento de la pandemia por el nuevo coronavirus en el mundo.