Tres semanas después de la decisión del Tribunal Electora (TE) de mantenerle el fuero electoral penal a Ricardo Martinelli, los dos magistrados implicados, Heriberto Araúz y Alfredo Juncá, no solo han guardado silencio sobre el tema, sino que han evitado las apariciones públicas.
Mientras tanto, en la Corte Suprema de Justicia se acumulan demandas por el fallo, y en la Procuraduría General de la Nación, las denuncias por supuesta extralimitación de funciones.
Este medio consultó ayer al TE, sobre Araúz y Juncá emitirían algún comentario sobre las demandas presentadas contra el fallo del pasado 22 de marzo, y las denuncia en la Procuraduría donde se les acusa de supuestamente extralimitarse en sus funciones, pero informaron que no harían comentarios, ya que en ambos casos los pronunciamientos deberían ser hechos por las autoridades a cargo de los recursos.
Araúz y Juncá no asistieron a la primera reunión de trabajo del Plan General de Elecciones (Plagel) para el 2024. Un comunicado del TE, dio cuenta que al evento asistió el magistrado Eduardo Valdés Escoffery, director del Plagel.
A diferencia de sus dos colegas, Valdés Escoffery, salvó su voto en el fallo del pasado 22 de marzo con el que Araúz y Juncá le mantienen el fuero al expresidente de la República, alegando que lo protege el principio de especialidad. Valdés Escoffery, tildó de “totalmente improcedente” adentrarse en el análisis de fondo sobre la aplicación de un principio excepcional contenido en un tratado internacional.
El fuero electoral penal evita el juzgamiento de Martinelli por los casos New Business y Odebrecht, procesos que están a cargo de Baloisa Marquínez, jueza liquidadora de causas penales, quien solicitó al TE que le levantara el fuero.
Las denuncias contra los dos magistrados fueron presentadas por el perredista Michael Doens; y por el abogado José Alberto Álvarez, respectivamente. Ambas deberán ser acumuladas para ser tramitadas en una misma carpetilla, ya que se trata de los mismos hechos. Las dos denuncias coinciden en que Araúz y Juncá, habrían extralimitado sus funciones al ahondar sobre el principio de especialidad, pues este asunto es un tema estrictamente penal.
Mientras que la ponente de las dos demandas de inconstitucionalidad que reposan en la Corte es la magistrada María Eugenia López. Una fue presentada por el abogado Héctor Herrera, y la otra por José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista. El procurador general (encargado) Javier Caraballo, ya opinó en la demanda de Herrera. Dijo que el fallo del TE viola varios artículos de la Constitución.
Contra López
Mientras que en la tarde de ayer, Alejandro Pérez, del equipo de abogados de Martinelli denunció penalmente a la magistrada López en la Asamblea. La acusa de la presunta comisión de los delitos contra la administración de justicia, contra la administración pública, y contra los servidores públicos.
El recurso se sustenta en supuestas presiones, y por presuntamente alterar fechas de audiencia, acelerar fases procesales, saltarse etapas de los procedimientos judiciales y normativas, “forzando un fallo judicial, para afectar las posibilidades electorales de Martinelli en las elecciones de 2024.
