La falta de atención de salud y el retraso en los procesos judiciales implican la persistencia de la violación de los derechos humanos de los 17 mil 70 privados de libertad que se encuentran en las cárceles nacionales.
Así lo afirmó Ellis Ríos, de la Oficina de Supervisión de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, quien explicó que en visitas efectuadas a los centros penitenciarios durante 2016 verificaron que los presos tienen un acceso limitado a los servicios de salud, ya que el traslado de un interno a un centro médico requiere de la disposición de custodios y de vehículos para su movilización.
SE PIERDEN CITAS
En consecuencia, explica, un alto porcentaje de los internos con padecimientos delicados pierden las citas médicas en hospitales.
Añade que esto mismo sucede con las audiencias y diligencias judiciales. La funcionaria detalló que estos son derechos humanos de los privados de libertad que deben ser garantizados, por lo que lamenta que el sistema impida que se les dé cumplimiento a cabalidad.
También planteó que más del 60% de las quejas que reciben están relacionadas directamente con la mala prestación de los servicios de salud y la suspensión de las citas judiciales para ventilar sus procesos.
Sobre todo, dijo, en aquellos casos en que los reos padecen de enfermedades crónicas como el VIH/sida y los que sufren de enfermedades transmisibles como la tuberculosis, males que requieren de tratamientos especializados de forma periódica.
Recalcó que en algunos centros penitenciarios como La Joya y La Joyita, que albergan la mayor población penitenciaria, han encontrado problemas de infraestructura que afectan la convivencia de los presos.
Cuenta que en algunos casos hay filtraciones de agua, escasean áreas para recreación, y existe hacinamiento en los pabellones. Reconoció que la falta de espacio físico es uno de los problemas más graves a los que se enfrentan los detenidos en las cárceles del país. En este punto explicó que esto puede generar disputas y situaciones de confrontación entre grupos que comparten un mismo pabellón.
SIN CAPACIDAD
Por su parte, el director del Sistema Penitenciario, Mario Chan, reconoció que en los centros penales de Panamá“sí hay hacinamiento”, ya que la capacidad de las cárceles es para unos 11 mil internos, pero que en la actualidad esa población supera los 17 mil.
No obstante, Chan explicó que se trabaja en la construcción de nuevos centros penitenciarios en Colón, Chiriquí y un centro de resocialización femenino, estructuras que deben estar culminadas en este 2017.
Mientras que un informe que entregó el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, a la Asamblea Nacional, reveló que las carencias dentro de las cárceles no solo se limitan a la falta de medicamentos, la atención médica y la ausencia de espacio físico.
FALTAN CUSTODIOS
Según el reporte del ministro, también requieren de más custodios civiles para la vigilancia de las cárceles.
En la actualidad existen unos 900 custodios civiles para atender a los 17 mil reos. Es decir, un custodio para 20 internos. Según el informe del Ministerio de Gobierno, esto implica una sobrecarga de trabajo de este personal de seguridad, lo que de acuerdo con el documento, se traduciría en “un riesgo para su seguridad, las renuncias constantes, el estrés laboral y posible actos de corrupción”.
RECURSOS INSUFICIENTES
Henríquez reconoció, además, que las asignaciones presupuestarias dadas para el mantenimiento, la construcción de centros penitenciarios y la formación de custodios son “insuficientes”.
Recalcó que cada año la carga hacia los fiscales y el sistema penitenciario es mayor. “Hemos sido mezquinos con la justicia y para dotarla de los recursos necesarios para su operación”, sostiene.
Dijo, además, que en la actualidad se hace un trabajo de clasificación de los internos para establecer con certeza la situación procesal de cada uno. Advirtió que en ocasiones resulta “muy difícil” saber la situación jurídica de los presos, por lo que decidieron establecer un plan para clasificarlos.
Por esto, contó el ministro, aún no se ha ocupado en su totalidad la cárcel La Gran Joya, ya que primero se está clasificando a los internos para conocer su situación procesal y luego se les traslada.
Detalló que este penal tiene un 47% de ocupación debido a este proceso, pero que es un trabajo. Advirtió que este es un trabajo que debió hacerse “hace años”.