Al menos 60 expedientes sobre investigaciones vinculadas a temas patrimoniales maneja la Fiscalía General de Cuentas, que dirige Waleska Hormechea.
Estos expedientes, según explicó la fiscal, vinculan a mil 504 personas, en su mayoría con residencia en la capital del país.
Detalló, por ejemplo, que en la capital, 765 personas están vinculadas a investigaciones; en Panamá Oeste, hay 320 personas señaladas; Chiriquí, hay 181, y en Colón, 137. Las demás provincias no sobrepasan las 30 personas bajo escrutinio.
La Fiscalía de Cuentas tiene entre sus funciones instruir la investigación patrimonial correspondiente, una vez la Contraloría General de la República formule reparos en las cuentas de los agentes y empleados de manejo o detecte irregularidades que afecten fondos o bienes públicos.
Entre las investigaciones que adelanta esta instancia está la relacionada con la compensación de los buses “diablos rojos” durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). En este caso, la Contraloría General detectó una lesión patrimonial de $24 millones. Solo en ese caso hay 358 personas vinculadas que la fiscalía deberá contactar.
Recuento desde 2009
Hormechea pidió esta semana a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea que no le recortara el presupuesto para la vigencia fiscal de 2021, como lo propuso el Ministerio de Economía y Finanzas, que le aprobó $3 millones de los $3.4 que solicitó.
La fiscal explicó que de 2009 a julio de 2020, habían ingresado a su despacho 661 expedientes, con una cuantía en perjuicio de $403 millones 113 mil 375, que vinculaban a 6 mil 145 personas.
También destacó que de 2009 a julio pasado, la entidad había pactado 330 arreglos de pago, recuperando $656 mil 474. Mientras que hay 473 solicitudes de medidas cautelares, que suman $329 millones 305 mil 938 a cautelar.
Rechaza recorte
Hormechea se quejó con los diputados de que a la Fiscalía de Cuentas le corresponde investigar muchos millones, pero “vemos los pocos millones que se destinan para el fortalecimiento de la capacidad de la institución”.
Hizo hincapié en que la fiscalía solo recibe un 0.2 % del presupuesto general del Estado, lo que no les permite hacer su trabajo de manera “eficiente”.
Contó que ha hecho un plan de ahorro, como por ejemplo, recorte en gastos de alquiler. Por ello, anunció, sin precisar ubicación, que la fiscalía tendrá una nueva sede, que representa un ahorro de $5 por metro cuadrado. Asimismo, planteó que su gestión se basará, entre otras cosas, en fortalecer la infraestructura tecnológica de la entidad y reglamentar la ley de carrera de la fiscalía. También apeló por la creación de un código de cuentas.