Presionado por la indignación provocada por el asesinato esta semana del reportero Javier Valdés, en Culiacán, estado de Sinaloa, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto abordó ayer por primera vez la violencia contra periodistas, comprometiéndose a garantizar su seguridad y combatir la impunidad.
El mandatario convocó una reunión extraordinaria con todos los gobernadores del país y miembros de organizaciones de derechos humanos para establecer una agenda de acción que tranquilice a la sociedad, todavía conmocionada por la muerte en menos de 12 semanas de otros cuatro comunicadores y un escritor que tenía un programa de radio sobre poesía.
“Es obligación del Estado en su conjunto otorgar garantías a los periodistas para el desempeño de su profesión, especialmente ante la amenaza que hoy representa el crimen organizado”, reconoció, tras guardar un minuto de silencio antes de iniciar su discurso. “La protección de periodistas y defensores de derechos humanos hoy requiere de medidas extraordinarias”, agregó.
La prioridad será destinar más dinero al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado en 2012 y que ofrece escoltas, chalecos antibalas, patrullajes, manuales de autoprotección y un botón de pánico para alertar a las autoridades en caso de peligro.
Su gobierno no asignó este año ninguna partida a este programa, que funciona con los fondos que quedan de años anteriores, denunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por otro lado, se reforzará la fiscalía especial que atiende los delitos contra la libertad de expresión, contratando más personal y mejorando la capacitación de los agentes del Ministerio Público.
Peña Nieto también anunció que se revisarán e impulsarán las investigaciones en proceso y se elaborará un esquema nacional de coordinación con todos los estados, así como un protocolo para atender estos delitos. “Lo que las personas esperan son resultados, es el combate a la impunidad”, afirmó. “La impunidad y el rezago del esclarecimiento de los crímenes son precisamente lo que más indigna a la sociedad”.
El asesinato, el pasado lunes, de Valdez, fue la gota que colmó la paciencia de los mexicanos, y del gremio de periodistas en particular. Fundador del semanario Ríodoce, corresponsal del diario local La Jornada y colaborador de la agencia AFP por más de 10 años, su carrera estuvo vinculada a la investigación del crimen organizado y el narcotráfico.
Sus compañeros han exigido a las autoridades que el crimen no quede impune. Pero organismos defensores de la libertad de expresión indican que 99% de los casos de asesinatos de periodistas está sin resolver y en contadas ocasiones solo se castiga al autor material, no a sus instigadores, sin que se esclarezca el móvil.
Valdez había recibido amenazas, pero no se había acogido al mecanismo de protección federal, que actualmente apoya a 342 defensores de derechos humanos y 196 periodistas.
Peña Nieto precisó que las medidas son parte del compromiso que asumió con representantes del Comité para la Protección de los Periodistas, que a inicios de mayo presentó un informe en el que declaró que el Gobierno mexicano ha “fracasado rotundamente” a la hora de resolver los asesinatos de reporteros.
Según expertos consultados, estos crímenes evidencian la ineficacia de los programas de protección a comunicadores en México, principalmente por la falta de recursos. “Tienen razón quienes afirman que no se mata la verdad matando a periodistas”, subrayó el mandatario mexicano.