Un estudio de organismos internacionales divulgado ayer indica que “una gran proporción” de venezolanos en Latinoamérica está “en riesgo de desalojo” o ha sido desalojado de sus hogares, principalmente por “la imposibilidad de pago de las viviendas y los servicios públicos”.
Según el estudio, el 39.8% de los entrevistados para este estudio había sido desalojado, mientras que un 38% estaba en riesgo de ser expulsado forzosamente.
El informe, que lleva por título Encuesta regional de desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, está avalado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sus conclusiones están basadas en mil 800 entrevistas entre octubre y noviembre de 2020 a migrantes y refugiados venezolanos que viven en Colombia, Perú, Guyana, Ecuador, Panamá y República Dominicana.
“A toda esta situación compleja hay que sumarle la situación particular de la pandemia. La pandemia tiene un impacto enorme”, lamentó Julissa Mantilla, de la CIDH, durante la presentación virtual del documento.
La CIDH “reconoce que hay violaciones de derechos humanos en la causa de la migración forzada y en la situación de refugiados durante el trayecto en los diferentes países de tránsito y al llegar al país de destino”, agregó Mantilla, relatora sobre los derechos de las personas migrantes de la CIDH.
El estudio denuncia que la mayoría de migrantes venezolanos vive de alquiler en casas o habitaciones, con contratos verbales y sin las “condiciones mínimas” ni las habitaciones suficientes para formar un hogar. Y si antes de la pandemia ya existían “conflictos” por “falta de oportunidades y medios de vida” de los migrantes para pagar los alquileres, la situación “se agrava” ahora por el desempleo y la crisis sanitaria y social generada por la Covid-19, afirma el trabajo.
El documento advierte, además, de que los desalojos también se producen por “la discriminación” hacia los venezolanos y avisa que la situación es peor para los migrantes en situación irregular y las mujeres porque tienen “mayor probabilidad de sufrir violencia y amenazas”.
Los Estados “deben tomar nota de esta información” y cumplir con sus “obligaciones primarias” para proteger a los migrantes, alertó Mantilla.
Se estima que más de 5 millones de venezolanos han abandonado su país.