La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó ayer su preocupación por las medidas excepcionales aprobadas en El Salvador para frenar la violencia de pandillas, señalando presuntos “tratos crueles” contra pandilleros presos.
“Estamos profundamente preocupados por la serie de medidas introducidas recientemente en El Salvador en respuesta al aumento de los asesinatos de pandillas”, señaló la portavoz de la Alta Comisionada Liz Throssell, en una nota de prensa difundida en Ginebra.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele impulsó la aprobación en el Congreso (controlado por sus aliados) de las medidas de emergencia, restringiendo las libertades civiles y ampliando los poderes de la policía, como respuesta a una ola de 87 homicidios ocurridos entre el 25 y 27 de marzo.
De acuerdo con Throssell, desde que entró en vigencia el estado de excepción, el 27 de marzo, fuerzas policiales y del ejército han sido desplegadas en zonas con presencia de pandillas y, “según informes”, “recurrieron al uso innecesario y excesivo de la fuerza”.
El lunes, Bukele aseguró que más de 6 mil pandilleros han sido detenidos en nueve días de vigencia del estado de excepción, que permite a las autoridades detener sin orden judicial a sospechosos de integrar esas bandas.
“Algunas” personas detenidas por presuntamente ser parte de una pandilla presuntamente “han sido sometidas a presuntos tratos crueles, inhumanos o degradantes”, añadió Throssell.
“Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”, agregó la portavoz de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que preside la chilena Michelle Bachelet, también alertó sobre las reformas aprobadas la semana pasada para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas, y que también fijaron penas más duras para menores que cometan delitos siendo parte de una pandilla.
“Recordamos a El Salvador que el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a tortura, los principios de juicio justo y la presunción de inocencia, así como las garantías procesales que protegen estos derechos, se aplican en todo momento, incluso durante los estados de excepción. Esto es especialmente cierto en el caso de los niños”, sostuvo la portavoz en la nota de prensa.
El Salvador cerró el año 2021 con una tasa homicidios de 18 muertes por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con recientes datos oficiales.
