La ministra de Gobierno, María Luisa Romero, presentó anoche ante el pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley para postergar la entrada en vigencia de la Ley 16 de 2016, que instituye la justicia comunitaria de paz y dicta disposiciones sobre mediación y conciliación comunitaria.
Romero explicó que la decisión se tomó en consenso con la Comisión Interinstitucional, encargada de establecer la hoja de ruta de la justicia de paz, y con la mesa técnica del Pacto de Estado por la Justicia.
Dicho ente lo integran su persona, el procurador de la Administración, un representante de la Asociación de Municipios de Panamá, de la Asociación de Alcaldes de Panamá, de la Coordinadora de Representantes, de la Secretaría Nacional de Discapacidad y de la sociedad civil organizada.
Romero señaló que en la decisión incidieron las capacitaciones de los jueces de paz, el proceso de selección de los mismos y el presupuesto de la justicia comunitaria de paz, entre otros temas, que “no será posible cumplir de manera responsable” en el corto tiempo que tienen para implementarla.
A su vez, indicó que para implementar esta ley hay que sensibilizar a las autoridades locales que intervienen en la relación, funcionamiento y ejecución de la justicia comunitaria de paz.
Nueva fecha
En ese sentido, se pide que la ley se postergue por seis meses más. Es decir, de aprobarse el documento en el legislativo, la norma empezará a regir a partir del mes de noviembre de 2017.
La Ley 16 de 2016 establece que la nueva justicia comunitaria de paz se implementaría desde el próximo mes de junio en el Primer Distrito Judicial: Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas indígenas Guna Yala, Wargandí y Emberá Wounaan.
Mientras que en el resto del país se aplicaría a partir de junio de 2019, no obstante, de postergarse, este plazo se extendería.
La justicia comunitaria de paz es un nuevo modelo de administración de justicia que busca reemplazar la figura de las corregidurías y corregidores por las casas de justicia comunitaria y jueces de paz, respectivamente.
La norma, sancionada por el Ejecutivo en junio de 2016, propone aplicar métodos de solución de conflictos para que se promueva la solución efectiva de las controversias comunitarias.