Parece una película: un vehículo del Ejército mexicano persigue a una camioneta Chevrolet de color negro.
De pronto, los militares frenan intempestivamente frente a un negocio. Varios uniformados bajan y comienzan a disparar ráfagas de fusil y ametralladora contra un enemigo que no se distingue.
“¡Alto el fuego¡¡Alto el fuego!”, gritan los militares al grupo de hombres fuertemente armados que les responde con una lluvia de balas y que se presume son sicarios del narcotráfico.
Los transeúntes se cubren como pueden y huyen del lugar.
Esta escena de un video que circuló en medios locales y redes sociales ocurrió en agosto de este año en Río Bravo, Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos. No da cuenta de arrestos, heridos o muertos, pero es una escena que se ha vuelto tristemente cotidiana en México.
A finales de 2006, el país azteca comenzó a desplegar militares en los puntos más violentos del país para combatir a los carteles de la droga ante la debilidad de los cuerpos policíacos.
Desde ese año, la ola de violencia ligada al narcotráfico dejó más de 196 mil muertos y 30 mil desaparecidos, según cifras oficiales que no precisan cuántas de estas víctimas tienen que ver con el crimen organizado. Durante todo este tiempo, las fuerzas armadas han actuado sin un marco legal.
Por tal razón, el Gobierno mexicano se ha propuesto impulsar un proyecto de ley para regular su actuación. Y, por supuesto, la iniciativa ha generado polémica.
PROPUESTA
La propuesta de Ley de Seguridad Interior, avalada la semana pasada por la Cámara de Diputados, establece los lineamientos que deberá seguir el Gobierno para el despliegue de tropas de soldados, marinos y policías federales en los estados y municipios de México rebasados por la violencia.
“Lo que pretende esta ley es evitar el uso discrecional de las fuerzas armadas; que sea un procedimiento con pasos específicos, objetivos, reglas claras y responsabilidades”, dijo el senador Roberto Gil, del conservador Partido Acción Nacional (PAN) durante una reunión con periodistas.
Sus partidarios argumentan que la medida permitiría a los soldados actuar solo por periodos renovables de un año en los estados en los que el presidente haya emitido un veredicto de que las fuerzas de la Policía local no están a la altura de la situación, pero sus detractores han afirmado que eso podría hacer que los despliegues sean renovables de forma infinita.
Organizaciones civiles temen que la ley incremente los casos de violaciones a los derechos humanos, que han tenido un fuerte repunte desde el inicio de la llamada “guerra contra el narco” y la ven como una potencial amenaza al ejercicio de la protesta social.
OBJECIÓN DE LA ONU
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, pidió al Senado mexicano el martes pasado que no apruebe la ley, pues considera que daría un mayor rol a las fuerzas armadas en labores de seguridad, en vez de crear una Policía más fuerte y, además, porque la iniciativa no contiene una estrategia de reemplazo gradual de los efectivos en esas tareas.
“La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada”, comentó.
Organizaciones de derechos humanos también temen que la ley pueda ser utilizada por las fuerzas armadas para espiar a los ciudadanos.
“Me preocupa esta dictadura a la que vamos. Esta ley tiene el fin de aterrorizar a la población, el narco es un pretexto, porque el mismo Gobierno es cómplice de ellos”, dijo Artemio Gallegos, un académico jubilado de 71 años, durante una protesta a las puertas del Senado.
Los críticos también han cuestionado una cláusula del proyecto que clasificaría como “secreta” cualquier información sobre los operativos. También han afirmado que el proyecto de ley le facilitaría al presidente declarar un estado de emergencia y enviar al Ejército a las calles.
La oenegé Washington Office on Latin America escribió que “formalizar estrategias de seguridad militarizadas en el país sentaría un precedente sumamente negativo en América Latina”, donde este tipo de arreglos se están volviendo más comunes.
(Basado en servicios internacionales).
La paz, una promesa rota
Ya corre la cuenta regresiva hacia el fin del mandato del presidente Enrique Peña Nieto, mientras se marchita su gran promesa de un “México en paz”, con la cristalización de la controvertida guerra militarizada contra el narcotráfico y el punteo de nuevas cifras récord de homicidios.
Según analistas, el panorama no será más alentador de cara a las elecciones de 2018, pues las propuestas de los principales aspirantes presidenciales son “preocupantes” en materia de seguridad, señala un despacho noticioso de la agencia AFP. Según la nota, el propio Peña Nieto, cuyo sexenio culmina en un año, reconoció que “se ha venido revirtiendo” el avance contra la violencia, siendo 2017 particularmente sangriento, con 20 mil 878 homicidios. Si esta tendencia continúa, 2017 sería el año más violento desde que México comenzó el conteo oficial de homicidios. El desempeño es “catastrófico”, dice Alejandro Hope, exagente de inteligencia mexicano.
