“En mi gobierno se puede meter la pata, pero no la mano” fue una promesa celebrada como el fin de una época oscura en Panamá. Ricardo Martinelli prometió eso y dio un discurso contra la corrupción en su toma de posesión como presidente de la República en 2009.
Pero lejos estaba de cumplir su promesa. Las acusaciones de corrupción contra él y su gobierno solo se comparan a las que vinieron tras caer la dictadura (1968- 1989).
El ejecutivo de Odebrecht Luiz Antonio Mameri, encargado de aprobar sobornos en Odebrecht, reveló a los fiscales de su país que autorizó pagos de $35 millones a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli: Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares.
El dinero lo habría solicitado el superintendente de Odebrecht en Panamá, André Campos Rabello, y Mameri lo aprobó. A cambio, los hijos de Martinelli –reveló Mameri– se comprometieron a adjudicarle nuevos proyectos, agilizar trámites burocráticos y liberar, a paso acelerado, los pagos a la compañía brasileña por las obras que ejecutaba en el país.
Así, Odebrecht se convirtió en el principal contratista del Estado cuando sus contratos pasaron de ser de unos cuantos cientos de millones de dólares a varios miles de millones en tan solo cinco años.
Los hijos del expresidente –cuyo paradero es actualmente desconocido– en ocasiones anteriores han negado haber recibido sobornos de parte de la empresa brasileña. Mientras, su padre está detenido en Miami (Estados Unidos) a la espera de una decisión judicial sobre la petición de extradición que formuló Panamá.
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