El ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, se vio obligado ayer a responder sobre el impacto del crimen organizado y la narcopolítica en las instituciones del Estado.
Sin ahondar en mayores detalles, el funcionario dijo que el crimen organizado “lo que quiere es penetrar las instituciones, no solo las de de seguridad, sino todo lo que pueda”.
“El crimen organizado hay que buscarlo y judicializarlo”, añadió. Dijo que desconoce quién está metido, pero enseguida adelantó que a quien detecten será judicializado “sea quien sea”.
Al referirse a la ejecución de Agustín Lara, un alto funcionario del gobierno del presidente Laurentino Cortizo, fue más contundente, pero también generó nuevos interrogantes. “A nadie lo matan por nada indirectamente, les comento que una vez se adelanten las investigaciones daremos a conocer los motivos”, manifestó.
Lara, subdirector del Registro Público, y militante del oficialista Partido Revolucionario Democrático, fue asesinado por sicarios el pasado 14 de noviembre en San Miguelito. Lara era socio del diputado perredista Raúl Pineda en el bufete Pineda, Lara, Sánchez, y Asociados.
¿Por qué asesinaron a Lara? Pino siembra interrogantes
Diez días después de que sicarios asesinaran al subdirector del Registro Público, Agustín Lara, el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, se pronunció por primera vez, por este caso.
“A nadie lo matan por nada indirectamente, les comento que una vez se adelanten las investigaciones daremos a conocer los motivos”, dijo el funcionario a los periodistas en medio de una rueda de prensa relacionada con los operativos de fiestas de fin de año. Recordó que por este caso ya hay un detenido, y que están buscando a una segunda persona por la cual se ofreció una recompensa de $10 mil.
Hechos
Lara fue asesinado el domingo 14 de noviembre, en momentos en que se encontraba en una jornada de inscripción de adherentes del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), en el sector de Los Andes No. 2, San Miguelito. Días después, las autoridades aprehendieron a un hombre que supuestamente fue quien condujo la motocicleta desde la que le dispararon al político perredista. A diferencia de otros casos de sicariato, como el del asesinato de Ovidio Omar Castro Figueroa, alias Tulip, asesinado en Multiplaza en agosto pasado, que provocó otras muertes en San Miguelito; el crimen de Lara no ha tenido consecuencias conocidas de este tipo. Hasta ahora no se han reportado hechos de sangre vinculados a este tema, y de hecho, hasta ayer, ningún funcionario se había atrevido a hablar del tema.
Tanto Tulip, como Lara, eran allegados al diputado de San Miguelito, Raúl Pineda, también miembro del PRD. De hecho Lara y Pineda eran socios del bufete Pineda, Lara, Sánchez y Asociados. Tulip, quien fue funcionario del municipio de San Miguelito, era amigo personal del diputado perredista.
‘Sea quien sea’
Antes de responder sobre el asunto, el ministro Pino se había referido a las redes del crimen organizado que operan en el país. “El crimen organizado hay que buscarlo y judicializarlo”. Dijo que desconoce quién está metido, pero enseguida añadió que el que esté metido y lo detecten, será judicializado con el Ministerio Público (MP). “Lo llevaremos ante las autoridades, sea quien sea, pues el crimen organizado lo que quiere es penetrar las instituciones, no solo de seguridad, todo lo que pueda”, manifestó. Y de paso defendió el papel de su institución y aseguró que la estrategia nacional del Estado, referente a seguridad, está “tirada”, y que no solo aborda el tema operativo sino la parte legal. “Ustedes han visto todo lo que ha hecho el Ministerio de Seguridad: estableció una fuerza de tarea contra contra el blanqueo de capitales con el apoyo de los Estados Unidos; el proyecto de ley 625, sobre la extinción de dominio de bienes ilícitos que vienen del crimen organizado; la política criminológica, la creación del Centro Regional de Operaciones Aeronaval (...)”, manifestó.
El proyecto de ley sobre extinción de dominio está engavetado en la Comisión de Gobierno de la Asamblea. Pino lo presentó ante el pleno Legislativo en abril de este año, pero no ha generado interés entre los diputados.
Narcopolítica
El crimen organizado y sus nexos con la política local entró en la agenda pública durante los últimos días, precisamente por el homicidio de Lara.
Sin embargo esta no ha sido la única figura del gobernante PRD que ha perdido la vida a manos del sicariato. En agosto de 2020, la funcionaria de la Presidencia de la República, y dirigente del Frente Femenino del PRD, Wendy Rodríguez, fue asesinada en el Corredor Sur. Mientras que el 9 de febrero de este año fue asesinado Diógenes Yoyi Vergara, quien fue diputado por el PRD, en el periodo 2014- 2019. Este hecho ocurrió en el sector de Cabra, Pacora, zona donde, de acuerdo con las autoridades, opera una red criminal que lidera Franklin Acevedo. La semana pasada, la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada, bajo la dirección del fiscal Emeldo Márquez, aprehendió a cinco personas vinculadas con la pandilla del área, agrupación que según el MP, tendría relación con el Clan del Golfo, de Colombia, cuyo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue capturado a finales de octubre pasado.
El papel del SPA
El ministro Pino también dijo ayer que los estamentos a su cargo están haciendo su trabajo, pero advirtió que no son acompañados por las autoridades del Ministerio Público y el Órgano Judicial, a raíz de que el crimen organizado requiere, dijo, de “firmeza y contundencia”.
Cuestionando a estas dos últimas entidades, trajo a colación un caso reciente que se dio en Darién. Se trata de una operación del Servicio Nacional de Fronteras, de más de un mes, con la que se capturó a integrantes de un grupo armado que según el ministro, “tenía alterada a la población”. Pese a que se les decomisó armas y paquetes de cocaína, entre otros, a estas personas, añadió, se les dio la medida cautelar “de firmar”.
También mencionó el caso de un hombre que participó en una balacera en Patio Pinel, en El Chorrillo. Aquí, explicó, un juez de cumplimiento le otorgó permiso para que asistiera al partido entre Panamá y Costa Rica, para las eliminatorias del mundial de fútbol Qatar 2022, juego que se celebró en el estadio Rommel Fernández. “No estoy culpando al sistema -de justicia- lo que estoy pidiendo es que cada uno haga su misión y su labor. Lo que queremos es más contundencia”, aseguró el ministro en tono enérgico.
Actualmente el Ministerio Público adelanta una investigación, que involucrada a un juzgado penal, por irregularidades en la liberación del interno José Cossio, detenido en la prisión de Punta Coco y señalado por las autoridades como líder de la pandilla Calor Calor.
