El hasta ayer procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, renunció al cargo con tanta prisa que parece haber huido o haber sido echado de éste. Desde que asumió el cargo –en enero del año pasado– los ciudadanos pasamos a un plano insignificante para él, porque nunca rindió cuentas de lo que hizo o planeaba hacer. Manejó con absoluto e inaceptable oscurantismo una entidad creada para perseguir el delito. Y en su estrepitosa estampida, se negó a darnos una explicación lógica, sensata y creíble de las razones que lo llevaron a abandonar el cargo.
Son demasiadas preguntas las que han quedado sin respuestas. En esta edición sólo figuran algunas, porque la lista, obviamente, es mucho más larga. Y si Ulloa no respondió estos cuestionamientos cuando era funcionario, ahora menos lo hará. Resulta una ironía el hecho de que una de las razones por las que él fue elegido Procurador –según el presidente Laurentino Cortizo– fue por sus muy bien evaluadas habilidades de comunicación escrita, pero especialmente, oral, porque en muchos casos tendría que responder las preguntas de los medios. Pero Ulloa, a medida que discurría su gestión, se escondió, se atrincheró en su oficina, precisamente, para no responder por sus acciones, omisiones y decisiones. Todo el proceso para su elección, primero por especialistas, luego por el Presidente, y finalmente por el Gabinete, fue un gran chasco.
Contrario a lo que Ulloa expresa en su carta de renuncia, el servicio público puede tener momentos difíciles, pero hecho a conciencia, sin segundas agendas, eficaz y desinteresadamente, y con genuino amor por la patria, siempre será reconocido y recompensado. No son muchos los casos, es cierto, pero ejemplos hay en nuestra historia, aunque no tan recientes, pues la política se ha convertido en las últimas décadas en vehículo para hacer dinero fácil a costilla del Estado, algo que Ulloa nunca tuvo la determinación para combatir con arrojo y pasión, como todos esperábamos de él.
Hacemos responsables directos al Presidente de la República y a su Gabinete del rotundo fracaso que representa la gestión de Eduardo Ulloa al frente del Ministerio Público. Es imperdonable tan notable equivocación al elegir a la persona que se encargaría de perseguir los delitos. El Ejecutivo, además, ha sido indiferente a una grave situación, hoy no hay duda de que la negligencia ante el castigo de los delincuentes –como lo demuestra la lista del GAFI– es una amenaza a la seguridad nacional. Nunca corrigió ni le prestó atención, a pesar de las evidentes señales que emanaban de esta institución.
La inoperancia de la Procuraduría General de la Nación solo crea incertidumbre, pues, al blindar a los funcionarios contra investigaciones serias, solo fomenta y agrava la red de corrupción que se apodera del Estado, a todo nivel. Ulloa solo ha sido un clavo en ese ataúd –no tan imaginario– donde el Gobierno quiere que repose la institucionalidad del país. Todos esperamos que en esta nueva oportunidad que tiene para nombrar a su reemplazo, el Ejecutivo tenga la decencia de corregir el rumbo. El país no resiste un incompetente más.
