El Canal 12 de la televisión privada de Nicaragua, crítico del gobierno del socialista Daniel Ortega, denunció que la justicia embargó los bienes de la empresa y propiedades de su administrador, al amparo de un reparo fiscal “arbitrario” de más de 600 mil dólares.
Según un comunicado del canal, el viernes “11 de septiembre se presentó a nuestra oficina y estudios centrales el juez Tercero de Ejecución del municipio de Managua Luden Quirós a realizar un embargo sobre los bienes de nuestra empresa Nicavision S.A por 21 millones de córdobas ($608 mil)”.
El embargo fue solicitado “por la Dirección General de Ingresos (DGI), representada por la procuradora auxiliar de finanzas, producto de un reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de Impuestos sobre la Renta de los años 2011-2012 y 2012-2013”, precisó.
El juez también ordenó el embargo de “la totalidad de los bienes personales” del administrador del canal, Mariano Valle, “actuando de manera excesiva e ilegal”, reclamó la empresa, que continuaba el fin de semana con su transmisión normal.
Confiscaron “las antenas, instalaciones, vehículos, repetidora, trasmisor e incluso la vivienda de su dueño”, repudió el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en una nota en la que calificó la acción como “una nueva forma de presión” a medios independientes.
El canal 12 es propiedad de Nicavisión S.A, que opera desde 1993. Ha sido uno de los medios independientes que criticó y documentó la represión de las protestas antigubernamentales que sacudieron al país en 2018 y que dejaron al menos 328 muertos y cientos de encarcelados, según grupos humanitarios.
En medio de la represión, ese año fueron confiscados el privado Canal 100% Noticias, las oficinas del programa televisivo de entrevistas Esta Semana, Esta Noche y la revista Confidencial, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, y encarcelados dos periodistas.
En 2019 fue cerrado el rotativo independiente Nuevo Diario, mientras que varios medios radiales sin orientación partidaria del interior del país como Radio Darío y la Costeñísima son objeto de asedios policiales.
Según el Cosep, el gobierno ha “ordenado el cierre y confiscación de al menos 20 medios de comunicación en todo el país desde 2014”.
“Están utilizando el sistema judicial para amenazar a medios y periodistas” independientes, condenó el disidente Movimiento de Renovación Sandinista en un comunicado, en el cual atribuyó el embargo de Canal 12 a una represalia del gobierno.
La disidencia sandinista considera que esto es parte de “una ofensiva” del gobierno contra sectores críticos.
En tanto, el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos acusó a la administración de Ortega de hacer uso “de las políticas fiscales para reprimir y silenciar las voces independientes”.