Mañana se cumple una semana de las declaraciones de la procuradora Kenia Porcell, en las que se refiere a los detalles de una conversación en su despacho, el pasado 30 de julio, entre ella y el magistrado presidente interino Hernán De León. Es importante entender el alcance de esta declaración y del proceso que adelanta la Fiscalía de Atención Primaria.
1. ¿Por qué la procuradora hizo público el contenido de la conversación y formalizó el conocimiento de la misma ante una fiscalía?
Según la Constitución y los códigos Procesal Penal y Penal, los servidores públicos están obligados a poner en conocimiento de las autoridades lo relativo a la comisión de un presunto delito. La declaración jurada de la procuradora debe servir como indicio apto para hacer una investigación.
2. ¿Por qué Porcell no acudió a la Asamblea para que se investigara a De León?
La Asamblea solo conoce los casos en que los magistrados de la Corte, el presidente y el vicepresidente de la República sean sospechosos de haber cometido un delito. La procuradora calificó a De León como víctima, no como presunto autor de una conducta delictiva. Por esta razón, no acudió a la Asamblea.
3. ¿Puede una fiscalía tomar declaración a un magistrado?
Los servidores públicos son parte de casos judiciales todo el tiempo. Lo usual es que se les envíe un cuestionario escrito para que lo contesten bajo la gravedad de juramento. Esto no impide que el funcionario en cuestión acuda voluntariamente a declarar como víctima. Hay que recordar que la Constitución establece que quien rinda testimonio ante una fiscalía o tribunal no está obligado a declarar en contra suya.
4. ¿Qué sucede si De León declara que nunca fue grabado o extorsionado?
Según Porcell, De León mencionó que existían grabaciones del hermano del magistrado Harry Díaz. Esto significa que tanto Díaz como su hermano pudieran constituirse como querellantes por estos pinchazos. Además, es presumible que los espionajes se hayan efectuado con equipo comprado por el Gobierno y por agentes estatales. En ambos casos sería un peculado, lo que se investiga de oficio.
Adicionalmente, existen telefónicas a las que les interesaría conocer si sus redes fueron intervenidas de manera ilegal. Igualmente, empresas como Facebook y Whatsapp, Google, Apple, Samsung o HP tendrían interés en conocer si sus plataformas fueron manipuladas. Dado que se mencionó que existían “5 mil” pinchados, es probable que gran cantidad de personas quieran constituirse en querellantes para que se investigue y exigir las sanciones correspondientes a los responsables, así como también reclamar una indemnización a quienes hayan violado su derecho a la intimidad. De acuerdo con la ley, todas las declaraciones e informaciones sensitivas sobre la vida íntima de las víctimas se mantendrán en reserva por los fiscales, los abogados involucrados en la causa y los tribunales.
El autor es abogado