La resolución 33 del 25 de febrero de 2021, suscrita por el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, pone en vigencia la norma Técnica DGNTI COPANIT ISO 37001: 2016 Sistemas de gestión antisoborno.
Esta norma, de carácter voluntario, puede ser aplicada por empresas y organizaciones públicas y privadas.
La Organización Internacional de Estándares es un ente no gubernamental que ha producido unas 16 mil 500 normas técnicas.
La ISO 37001 fue el resultado del trabajo de 37 países que desde 2014 impulsaron una contra la corrupción.
Fija un sistema de gestión que garantiza el anonimato de las denuncias por soborno y obliga a los integrantes de una organización a cumplir reglas que previenen la recepción o el ofrecimiento de premios, regalos o recompensas de otras empresas o en su relación con el Estado, los gobiernos locales y el sector no gubernamental.
La ISO 37001, un arma contra el soborno
La Organización Internacional de Estándares (ISO, por sus siglas en inglés), es un organismo no gubernamental que desde 1947 ha consensuado la elaboración de normas técnicas aplicables a más de un millón de entidades en el mundo, incluyendo gobiernos, empresas, universidades y organismos no gubernamentales de diversa naturaleza.
Entre las normas ISO más conocidas en tiempos recientes están: ISO 9001, para los sistemas de gestión de la calidad; ISO 14001, para los sistemas de gestión ambiental; ISO 27001, para los sistemas de gestión de seguridad de la información, e ISO 31000, para los sistemas de gestión de riesgos, según indica el portal de internet isotools.org.
El pasado 25 de febrero, el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, firmó la Resolución 33 que puso en vigencia la norma técnica DGNTI COPANIT ISO 37001: 2016, sobre sistemas de gestión antisoborno. Esta norma, de carácter voluntario, constituye uno de los esfuerzos internacionales más importantes contra la corrupción.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el soborno es una actividad mundial que mueve más de un billón (millón de millones) de dólares al año. Mientras, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el soborno puede alcanzar los 2.1 billones de dólares al año, lo que equivale al 2% del PIB mundial, antes de la pandemia.
Estos sobornos implican un grave desvío de recursos públicos y le restan competitividad a las empresas y organizaciones con prácticas íntegras.
¿Por qué combatir el soborno?
De acuerdo con Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, “desde que se aprobó la norma ISO 37001 en 2016, con Transparency International [Berlín] como una de las organizaciones observadoras del desarrollo del contenido, y Transparency International UK como presidente del comité que la desarrolló y aprobó, la norma ha aportado un sistema de gestión antisoborno eficaz”.
Para Aurelio Barría, empresario y expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), “cualquier iniciativa para atacar la corrupción de los funcionarios y políticos o de quien pretenda obtener algún beneficio o ventaja en favor personal o de una empresa es una buena iniciativa, porque la corrupción tiene dos elementos y ambos deben saber que son responsables, deben rendir y enfrentar la justicia”.
Alcance de la ISO 37001
La norma, de 22 páginas de extensión, tiene 10 secciones claramente explicadas que le permiten a la organización que la adopta implementarla eficazmente.
Al tratarse de un sistema de gestión antisoborno, este puede ser independiente o incorporarse a otros sistemas de gestión de control de calidad o similares.
La norma pretende que las organizaciones asuman una cultura de integridad, que incluye, en el caso de las empresas privadas, a los socios de negocios, la alta dirección y las diferentes unidades empresariales.
El sistema de gestión antisoborno se fundamenta en transparentar procesos, facilitar las denuncias anónimas y promover la integridad y las correcciones de comportamientos inadecuados a todos los niveles.
Las organizaciones están obligadas a adoptar las medidas internas y externas necesarias para combatir el soborno, incluyendo –de ser necesario– acudir al sistema de justicia.
El sistema de gestión antisoborno será auditado independientemente de forma periódica, para velar que la organización que se ha certificada ISO 37001, esté cumpliendo debidamente.
“Tanto las empresas como el sector público/gobierno que cumplan con el ISO 37001 serán reconocidos favorablemente para hacer negocios y atraer inversionistas que tengan la certeza que no serán víctimas de corrupción y fortalece la seguridad jurídica que los inversionistas requieren tener garantizadas”, precisó Barría.
A su vez, Olga De Obaldía expuso una visión matizada del alcance de la norma: “Obviamente, el cumplimiento de la norma ISO 37001 no puede garantizar que no se haya producido ni se produzca en el futuro ningún tipo de soborno en relación con una organización, entidad o empresa. Sin embargo, los estándares de la norma pueden ayudar a establecer medidas diseñadas para prevenir el soborno y comenzar a cambiar la cultura tanto en el sector público como el privado”.
Los pasos siguientes
La norma ISO 37001 es un paso importante para todas aquellas organizaciones que aspiran a formar parte de una economía moderna fundamentada en la integridad y la transparencia.
Sin embargo, esta norma necesita de un acompañamiento del Estado para ser plenamente efectiva, como lo explica Aurelio Barría: “El gobierno debe fortalecer la administración de justicia para que los objetivos de los compromisos que conlleva aprobar el cumplimiento del ISO tengan la garantía de que no habrá impunidad, sino certeza de castigo para que personas jurídicas y personas naturales estén advertidas que el peso de la ley será igual para todos, ‘caiga quien caiga’, y no que el poder político o el poder económico estén por encima del cumplimiento de las leyes. Los seres humanos cumplen con las buenas leyes y normas cuando se convencen que su incumplimiento traerá serias consecuencias”.
Panamá tiene grandes pendientes en materia de lucha anticorrupción que deben ser atendidos con prioridad para estar a la altura de la comunidad internacional y defender los intereses de los panameños.
“Si bien ya sabemos que en Panamá pasar una ley no garantiza su aplicación, el siguiente paso sería pasar de la voluntariedad a la obligatoriedad con una ley que se inspire, por ejemplo, en normativas estándar como la ley antisoborno del Reino Unido. Hay una desmoralización generalizada que ha generado la impunidad en el país. Hay ejecutivos de empresas extranjeras que están cumpliendo condenas por sobornos que pagaron en Panamá y aquí esos casos no han enfrentado la justicia o han sido sobreseídos”, expresó De Obaldía.
La sociedad civil organizada pidió vehementemente, en los meses precedentes a las elecciones generales del año 2019, que Panamá adoptara un marco legal moderno contra los sobornos y la corrupción.
De Obaldía expuso una lista de importantes esfuerzos y llamados que se hicieron desde la sociedad civil, como el Reto Transparencia 2019, el Foro de Gobierno Corporativo y CADE 2019, entre muchas iniciativas en las que se planteó la necesidad de la legislación antisoborno y otros esfuerzos anticorrupción.
La introducción a la versión en español de la norma ISO 37001 concluye diciendo que: “La conformidad con este documento no garantiza que el soborno no haya ocurrido o no vaya a ocurrir en relación con la organización, ya que no es posible eliminar por completo el riesgo de soborno”.
De Obaldía reconoce que: “Hay empresas responsables en Panamá que ya aplican la norma ISO 37001 y es parte de su gestión, tal como aplican por ejemplo sistemas de gestión de calidad, protección del medio ambiente y de seguridad eficaces. Generalmente, son empresas que deben presentar estándares en sus cadenas de proveeduría y distribución. Ese cambio de cultura hacia la integridad es necesario como pre-condición a la recuperación económica, especialmente ahora que hemos visto toda clase de contrataciones directas –sin los controles usuales– durante la pandemia, que sabemos que son la antesala de la corrupción”.
