La Organización de Estados Americanos (OEA) apura los cartuchos de la diplomacia frente a la Nicaragua de Daniel Ortega, debatiéndose entre quienes se impacientan y piden pasar de las palabras a los actos y quienes optan por la cautela o incluso defienden al gobierno.
El domingo, Daniel Ortega ganó las elecciones para un cuarto mandato consecutivo tras apartar a los opositores que podían hacerle sombra: unos están encarcelados y otros, exiliados.
La OEA lleva tiempo llamando a Nicaragua a respetar los derechos humanos y adoptó dos resoluciones en las que pedía la liberación “de los presos políticos” y comicios “libres y justos”.
En la resolución aprobada en octubre advertía a Managua que en la asamblea general inaugurada este miércoles podría tomar “otras acciones en conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana”. Por “otras acciones” se entiende una eventual suspensión.
El proyecto de resolución impulsado el miércoles por 8 países (Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda) pide al Consejo Permanente que haga “una evaluación colectiva inmediata (...) a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas”. Es decir, da un paso en esa dirección, con un margen de maniobra.
Una eventual suspensión no aislaría del todo a Nicaragua, “porque el régimen de Ortega cuenta con el apoyo de varios países que no son miembros de la OEA, los cuales, se presume, continuarán dándole soporte diplomático, económico, comercial y financiero”, dice Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica y director interino del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe Kimberly Green. “Está por verse -añade- la actitud que asumirán” algunos países a la hora de votar, entre los que cita a Brasil, El Salvador, Argentina y México.
El Gobierno de Panamá rechazó las condiciones “excluyentes” de las elecciones, pero, al menos públicamente, no está impulsando el proyecto de resolución.
