Al menos 558 personas están encarceladas en Nicaragua por haber protestado contra el gobierno de Daniel Ortega desde abril pasado y la mayoría de ellas sufre maltrato en prisión, revelaron hoy la opositora Alianza Cívica y el Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas.
Lilliam Ruiz, miembro del organismo formado a raíz de la crisis que comenzó tras las primeras protestas del 18 de abril, dijo en rueda de prensa que han recopilado denuncias sobre detenidos que sufren maltrato físico y sicológico, aislamiento y torturas.
Destacó el caso de Brenda Muñoz, de 52 años, quien padece cáncer terminal y no está recibiendo su tratamiento en prisión. Organismos de derechos humanos y movimientos sociales han exigido, sin éxito, su excarcelación.
Igualmente, una intensa polémica surgió ayer en Nicaragua tras las denuncias de voceros del Gobierno contra el obispo católico Silvio Báez, al que acusan de dirigir “una conspiración” terrorista para derrocar al presidente Daniel Ortega.
Báez, obispo auxiliar de Managua, fue señalado el lunes por un supuesto grupo de activistas religiosos vinculados al Gobierno de ser el “cabecilla de grupos golpistas”, en alusión a las protestas sociales que estallaron el 18 de abril.
Los denunciantes divulgaron el audio de una presunta reunión del religioso con líderes campesinos, en la que el obispo llama a “presionar” al Gobierno para reanudar el diálogo nacional.
