En momentos en que una gran delegación panameña viaja a Escocia para participar en la Cumbre de Cambio Climático, el Ministerio de Ambiente emite un decreto que permite un procedimiento especial para otorgar “certificados de acreditación de uso de suelo” en áreas protegidas, a quienes demuestren que viven o se establecieron en la reserva antes de su creación.
En términos generales, la nueva medida reconocerá los derechos de uso de suelo que tendrán los poseedores, para el aprovechamiento legítimo y continuo del bien.
Oenegés como el Centro de Incidencia Ambiental consideran que si bien el decreto indica que se reconocerán derechos adquiridos previo a la creación del área protegida, lo cierto es que ni el Ministerio de Ambiente ni la Autoridad Nacional de Administración de Tierras tienen estudios sobre el uso de la tierra o elementos suficientes para determinar quiénes son poseedores previos y quiénes invasores posteriores.
Lo califican como un “disfraz” para permitir la apropiación de áreas protegidas.
El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, subrayó que no se otorgarán títulos de propiedad sino derechos de uso de suelo a personas que tienen décadas de estar en las áreas protegidas. Además dijo que la certificación establecerá las limitantes que hay para cada una de las áreas protegidas.
‘Golpe de muerte a las áreas protegidas’: CIAM
En vísperas de la Cumbre de Cambio Climático, de la cual Panamá será parte, el Ministerio de Ambiente (Miambiente) emitió un decreto ejecutivo que permite un procedimiento especial para otorgar “certificados de acreditación de uso de suelo” en áreas protegidas, a quienes demuestren que se establecieron dentro de la reserva antes de su creación.
Según el documento, se reconocerán los derechos de uso de suelo que tendrán los poseedores de los terrenos para el aprovechamiento legítimo y continuo del bien.
Para obtener dicho certificado, el interesado deberá presentar una solicitud formal en la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), y presentar o aducir las pruebas de su posesión del terreno anterior a la declaratoria de área protegida. Luego, la Anati debe enviar a Miambiente la documentación de lo actuado, para validar o no la información.
El rechazo
Para el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), el Decreto Ejecutivo 141 de 26 de octubre de 2021 que crea la certificación de uso de suelo en las reservas ecológicas, es un “golpe de muerte a las áreas protegidas de nuestro país”.
Según la oenegé, estos certificados son un “disfraz” para permitir la apropiación privada de áreas protegidas. En ese contexto, planteó que la nueva normativa establece que sólo se reconocerán derechos adquiridos previo a la creación del área protegida, pero lo cierto es que ni Miambiente ni la Anati tienen estudios sobre el uso de la tierra o su utilización, o en su defecto, elementos suficientes para determinar quiénes son poseedores previos y quiénes invasores posteriores.
“Con este decreto, el Ministerio de Ambiente cede su competencia sobre las áreas protegidas del país a la Autoridad de Tierras y envía un mensaje a lo largo y ancho del país: que las áreas protegidas [más del 30% del territorio nacional] están legalmente disponibles para todos aquellos que aún no tienen tierra o incluso aquellos que, teniéndolas, se han dedicado a especular con los bienes de uso público de la nación”, advierte el CIAM.
Susana Serracín, parte de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, subrayó que esta medida pone en jaque una vez más la gobernanza de nuestras áreas protegidas. “Además, se configura una abierta regresión ambiental. Esta administración se empeña en acelerar la destrucción de nuestros recursos, creando figuras nocivas”, dijo la ambientalista.
En palabras de Serracín, la gestión ambiental carece de brújula y sentido común, y agregó que urge que la sociedad se una para poner un dique de contención ante tanto desacierto.
La defensa
El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, indicó que no se está otorgando títulos de propiedad, sino certificaciones de uso de suelo para aquellas personas que residen en áreas protegidas desde antes de su creación.
“Con este decreto le estamos haciendo justicia, por ejemplo, a aquellas personas que se dedican a la agricultura hace décadas, pero no para que tengan la propiedad del terreno, sino el derecho de uso. Primero, deben demostrar que estaban allí antes de la reserva”, manifestó.
Consultado sobre si los certificados de uso de suelo pueden generar un impacto negativo en las áreas protegidas, Concepción argumentó que las personas beneficiadas tienen años de estar allí. “No hay un inventario de quiénes viven dentro de áreas protegidas y esto ayudará a saber quiénes están de forma legal y quiénes de forma ilegal. Nosotros lo vemos positivo en cuanto a la gestión ambiental. Si la persona no demuestra que vivió allí antes de la creación de la reserva, no se le dará el derecho de uso de suelo”, acotó.
Sobre los cuestionamientos al decreto y su contenido, el ministro sostuvo que en estos momentos hay miles de personas en las áreas protegidas sin ningún tipo de documentación y que en la certificación de uso de suelo se establecerán las limitantes que hay para cada una de las reservas del país.
