El juez decimoquinto de lo penal, Leslie Loaiza, podría quedar a cargo de sustanciar el proceso por presunto peculado en la construcción del corredor Vía Brasil, tramo II, obra que estuvo a cargo de la constructora española FCC.
Lo anterior es así, luego de que la defensa del exministro de Obras Públicas Federico Suárez presentara una petición para que dicho expediente –actualmente bajo la jurisdicción del Juzgado Undécimo Penal– sea acumulado en el despacho de Loaiza, que conoce otro proceso en el que se vincula a FCC, aunque relacionado con la ampliación de la Vía Cincuentenario.
Fuentes judiciales confirmaron que la solicitud fue presentada la semana pasada y que Loaiza debe decidir si ambos expedientes se acumulan en un solo proceso.
Sin embargo, la Fiscalía Especial Anticorrupción presentó un escrito de oposición contra la citada petición por considerar que ambos expedientes se encuentran en momentos procesales diferentes y su acumulación afectaría la tramitación de ambos al mismo tiempo.
El Ministerio Público sustentó que en el caso de la Vía Cincuentenario ya Loaiza fijó fecha de audiencia preliminar, mientras que el proceso del corredor Vía Brasil, tramo II, sigue en fase de instrucción y la fiscalía espera asistencias judiciales de Suiza, Costa Rica y Países Bajos. De hecho, esta causa fue declara compleja el 6 de diciembre pasado y la fiscalía cuenta con un año más para concluir las pesquisas.
El exministro Suárez está imputado en los dos casos, en los que la Contraloría advierte que hubo sobrecostos.
Acumular
Una solicitud de acumulación de las investigaciones sobre el presunto pago de sobornos por parte de la empresa española Fomentos de Construcciones y Contratas (FCC) podría dejar todo el proceso en manos del juez decimoquinto de lo penal, Leslie Loaiza.
Fuentes del Órgano Judicial informaron que la petición fue interpuesta por el abogado Rosendo Miranda en representación del exministro de Obras Públicas Francisco Suárez, imputado por el Ministerio Público tanto en las pesquisas sobre la construcción del corredor Vía Brasil, tramo II, como en la investigación relacionada con la ampliación de la Vía Cincuentenario.
El propósito de Suárez es que se acumulen en el Juzgado Decimoquinto Penal los dos procesos.
Las fuentes revelaron que el Ministerio Público se opuso a dicha petición, pues los casos están en momentos procesales diferentes.
El expediente sobre la ampliación de la Vía Cincuentenario ya estaba en manos de Loaiza y este fijó la fecha de audiencia preliminar, pero no la ha realizado aún.
De acuerdo con la Contraloría General de la República, en la ejecución de esta obra hubo un posible sobreprecio de $28.1 millones. El costo inicial del proyecto era de $122 millones y terminó costando $136.7 millones.
Vía Brasil
Entretanto, el expediente sobre el presunto peculado en la construcción del corredor Vía Brasil, tramo II, está en fase de instrucción y los recursos inherentes a este proceso son resueltos por el Juzgado Undécimo Penal, a cargo de la jueza Nixela Aizpurúa.
El caso fue declarado como causa compleja el 6 de diciembre pasado, luego de que la fiscal especial anticorrupción Tania Sterling invocó la Ley 121 de 2013 sobre delincuencia organizada.
Como parte de este proceso, la fiscalía pidió asistencias judiciales a España, Suiza, Costa Rica y Países bajos.
Además, la fiscalía imputó cargos a 14 personas por la presunta comisión del delito de peculado, y a una por blanqueo de capitales.
Entre los acusados figura el exjefe de Administración de Contratos del MOP Jorge Churro Ruiz y el exministro de esa cartera Francisco Suárez, quien, como se dijo, pidió que se acumulara este caso con el que lleva Loaiza en el juzgado decimoquinto.
Según la Contraloría, en esta obra de Vía Brasil hubo un sobreprecio de, al menos, $41.7 millones.
El juez decimoquinto
El juez Loaiza ha sido objeto de críticas por decisiones judiciales controvertidas.
Como lo expresó la dirigente de Movin Annette Planells: “Cómo podemos los ciudadanos confiar en la justicia cuando, a pesar de que hay 18 juzgados penales, la gran mayoría de los casos de alto perfil cayeron misteriosamente en el juzgado del juez Leslie Loaiza. Sus controversiales fallos parecen querer justificar la impunidad en tecnicismos algunas veces incomprensibles, desconociendo las confesiones, auditorías de Contraloría o peritajes. Incluso, criticando a la sociedad civil por cuestionarlo. Lo más triste de todo es que no existe un Tribunal de Integridad y Transparencia donde poner la queja por la negativa de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de implementar la Carrera Judicial”.
Entre las decisiones de Loaiza destaca el reciente sobreseimiento de los imputados en el caso del presunto sobrecosto en la compra de comida deshidratada a través del extinto del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Asimismo, sobreseyó de manera definitiva a los 16 acusados por presunto peculado en la compra de mochilas a través del PAN; y declaró nula las indagatorias a cuatro exministros de Estado por la adquisición de granos, también a través del PAN.
En abril de 2017, revocó la orden de tomar indagatoria al empresario Fotis Lymberópulos que dictó la Fiscalía Segunda Anticorrupción, como parte del proceso que sigue por supuestos sobreprecios en el alquiler de helicópteros a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
En agosto pasado, sobreseyó al excandidato a diputado de Cambio Democrático Heriberto Vega y al exdirector del PAN Giacomo Taburrelli por presunto peculado relacionado con la construcción de obras en la provincia de Herrera.
