El 23 de septiembre de 2020, el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, informó que Odebrecht no había cancelado la tercera cuota de la multa que Panamá le impuso por usar su sistema bancario para blanquear capitales en medio de la trama de sobornos.
En ese momento, desde la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Ulloa explicó que un juez de cumplimiento [en una audiencia] debía decidir si la constructora podía saldar los $18.33 millones correspondientes a esa cuota con una cuenta por cobrar al Estado [$20 millones], por algunas obras efectuadas.
Tres meses después de las palabras de Ulloa, el escenario es más complejo. La constructora brasileña no solo debe el dinero de 2019 (el tercer pago), sino que ahora también tiene pendiente el desembolso de 2020. En palabras del propio procurador, Odebrecht ha incumplido el acuerdo avalado en noviembre de 2017, por lo que, añadió, la Fiscalía Especial Anticorrupción “estará” solicitando una audiencia para reclamar ante los tribunales el cumplimiento del pacto.
“Hemos estado haciendo el análisis de lo que es el cumplimiento de la multa impuesta a Odebrecht... en un análisis inicial hemos llegado a la conclusión de que la empresa ha incumplido y no ha pagado lo que correspondía a los años 2019 y 2020”, dijo el jefe del Ministerio Público al rendir cuentas del primer año de su gestión, actividad que se desarrolló a través de una plataforma virtual.
¿Qué pasó con la audiencia que Ulloa anunció en septiembre? Se desconoce si se celebró o no, pues en la sesión de ayer no se permitieron preguntas.
En marzo de 2019, el Ministerio Público, entonces bajo el mando de Kenia Porcell, informó a este medio que Odebrecht había pagado dos cuotas que totalizaban $36.6 millones, de los $220 millones que se comprometió a pagar.
En 2017, tras la firma del acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción –el 26 de julio–, la empresa pagó $18.33 millones. Mientras que en 2018 abonó la misma suma.
El cumplimiento del acuerdo con la empresa que admitió haber pagado sobornos a funcionarios y particulares en Panamá, entró en la agenda pública luego de que a finales de diciembre pasado la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional) pidió establecer una “veeduría ciudadana” del mismo.
La organización argumentó que ese acuerdo “no ha sido objeto de una sostenida rendición de cuentas por parte del Ministerio Público”, y envió una nota de 10 páginas a Ulloa, en la que solicitó respuesta a un cuestionario de 17 preguntas sobre el alcance y situación actual de ese pacto. Ulloa dijo ayer que preparan las respuestas y fue precisamente a causa de esta nota que habló del pago de la multa.
El Procurador también explicó las razones por las que no se ha remitido la vista fiscal del caso Odebrecht al Órgano Judicial, luego de que se anunciara que se enviaría en diciembre de 2020.
Manifestó que el incremento de los casos de la Covid-19 “mermó” el personal de la fiscalía. Contó que en un momento todos los analistas financieros de la fiscalía se contagiaron con el virus, por lo que esto impactó las agendas de los fiscales. Sin embargo añadió que tanto la vista fiscal de Odebrecht, como la del caso New Business se presentarán en las próximas semanas.
Procesos Covid
En la recta final de su informe, el procurador Ulloa habló de los expedientes que identificó como “los casos Covid”. Se trata de los procesos que buscan determinar si hubo irregularidades en compras en medio de la pandemia.
Las investigaciones guardan relación con la compra de ventiladores, la construcción del hospital modular, la compra de gel alcoholado, entre otras adquisiciones por la crisis sanitaria.
Sostuvo que cada fiscal ha tenido que reconstruir los hechos, revisar los datos que se han dado y cumplir con los procedimientos. “Yo les puedo asegurar que todos y cada uno de esos casos están siendo llevados con el celo suficiente, con la objetividad suficiente, de tal manera que se garantice la justicia”, agregó.
Por último, reflexionó sobre la lucha anticorrupción. “Mientras no acabemos con leyes que permitan a funcionarios públicos cobrar doble salario y justificarlo, estaremos promoviendo la corrupción. Mientras no acabemos con leyes que permitan que existan planillas en las que no es necesario especificar la función de la persona ni el horario ni el lugar donde cumple su actividad laboral, nosotros estamos promoviendo la corrupción”, expresó.
