El país perdió entre 2000 y 2017 unas 352 mil hectáreas de bosques, debido a actividades como la agricultura, tala o construcciones. Esta cifra equivale casi a la extensión total de la provincia de Los Santos (380 mil hectáreas) y supera la de Herrera (234 mil 100 hectáreas).
La información fue suministrada por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), que toma como referencia datos de Global Forest Watch , el cual ofrece tecnología y herramientas para que las personas, comunidades y países puedan conocer el estado de sus bosques de manera actualizada.
Las provincias
Cuando el escenario se mira por provincias, la de Darién es la más perjudicada por la pérdida de cobertura boscosa. Allí desaparecieron 93 mil 500 hectáreas en el mismo periodo (2000-2017). De hecho, en los últimos años se han presentado varias denuncias por tala ilegal de bosques primarios en esa región.
Reportes del Ministerio de Ambiente dan cuenta de que el 97% de la madera que ha sido deforestada en clara violación a las leyes proviene de esa provincia.
Después de Darién, la región que más ha perdido bosques es la provincia de Panamá. En esta zona han desaparecido 51 mil 900 hectáreas verdes.
Allí hay parques naturales y áreas protegidas como el Parque Natural Chagres, el Parque Camino de Cruces, los humedales protegidos de la bahía de Panamá y los bosques naturales de Bayano, donde también se han deforestado hectáreas de bosques, incluso con permiso de las instituciones públicas.
Mientras, Chiriquí perdió 32 mil hectáreas y Colón 30 mil hectáreas, ambas en los últimos 18 años.
Para Isaías Ramos, biólogo del CIAM, la información presentada por Global Forest Watch muestra lo que ha estado ocurriendo en la gestión de la naturaleza en las dos últimas décadas.
A su juicio, no existe un “ordenamiento ambiental concreto”, así como tampoco voluntad política real en temas ambientales, que vaya más allá de la firma de convenios internacionales o las fotos del momento por parte de las autoridades cuando hacen siembra de árboles en el país.
Las causas
Según Ramos, la pérdida de vegetación se muestra en diferentes formas a lo largo del país. Por ejemplo, dijo que ocurre por la permisividad de entes estatales que permiten construcciones sin planificación, actividades pecuarias, agrícolas, de extracción forestal o minera.
“También está el turismo de alto impacto en zonas frágiles, sin contemplar más allá del rédito económico del momento e ignorando las consecuencias de cada una de esas acciones sobre el ambiente”, aportó.
Finalmente, subrayó que esto ocurre “a la sombra” de una comunidad que en la mayoría de los casos desconoce lo que sucede, sus derechos a un ambiente sano y la repercusión que tendrá sobre las futuras generaciones.
A su vez, Susana Serracín, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, calificó estos datos estadísticos como “escalofriantes”, y opinó que denotan que una cosa es lo que dicen las normas ambientales en materia forestal y otra lo que el hombre causa al ambiente.
“Considero que es evidente que algo está muy mal con las autoridades ambientales y los tomadores de decisiones en el país, quienes dan luz verde a actividades y proyectos lesivos”, puntualizó.
Serracín usó como ejemplos el caso de la ampliación en la avenida Omar Torrijos, que lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas, y donde se talaron 13 hectáreas dentro del parque Camino de Cruces. Además, se refirió a la deforestación en Darién con escasa fiscalización.
Asimismo, lamentó que Panamá sea signataria de pactos internacionales como el Convenio de Biodiversidad, y que haya normas como la Ley No. 24 de junio de 1997, referente a la vida silvestre, y otras que hoy son letra muerta. “No se trata de frenar el desarrollo, pero tenemos que ser cónsonos con el respeto al ambiente. No todo es dinero”, dijo.
Sempris, en la mira
El ministro de Ambiente, Emilio Sempris, ha sido uno de los funcionarios más cuestionados en esta administración gubernamental, precisamente, por la aprobación de estudios ambientales que han permitido la deforestación de varias hectáreas, sobre todo en el centro de la ciudad de Panamá.
No obstante, Sempris resaltó que la mayoría de las hectáreas deforestadas y que están registradas en Global Forest Watch ocurrieron antes de 2014, aunque se presentó un alza en 2017, según el mismo informe. “Con la nueva Ley de Incentivos Forestales de 2017 y la Alianza por el Millón de Hectáreas, finalmente Panamá va por buen camino”, afirmó.
Sempris hacía referencia a que con la Alianza se busca sembrar un millón de hectáreas en 20 años, lo que ayudará a recuperar los bosques de todo Panamá.
“Antes, se financiaba la conversión de bosque a pasto para ganadería. Ahora, tenemos una Ley de Incentivos que financia el 100% de la plantación de especies nativas”, manifestó.
Datos de este ministerio precisan que de cumplirse con el fin de la reforestación de la Alianza, el sector forestal habrá aportado al producto interno bruto entre $3 mil millones y $6 mil millones en 20 años, y habrá generado miles de empleos verdes en las comunidades donde se regenere la cobertura vegetal perdida en los últimos 70 años.