Al menos 15 de los 19 países signatarios del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) –perteneciente a la Organización de Estados Americanos– consolidaron ayer una primera lista de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, incluido este, a quienes aplicará sanciones financieras y restricciones migratorias.
Panamá, el decimosexto país presente en la reunión, efectuada en Bogotá, Colombia, se abstuvo.
Asistieron a la cita representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Trinidad y Tobago y Venezuela.
No lo hicieron las delegaciones de Bahamas, Uruguay y Cuba.
La resolución da seguimiento a una primera disposición pactada por 16 de los países signatarios del TIAR el 23 de septiembre pasado, a fin de “perseguir, sancionar y extraditar a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro vinculados con actividades de crimen organizado, corrupción y violación de derechos humanos; y el congelamiento de sus activos”.
La resolución de ayer también establece, como se dijo, restricciones migratorias en 18 países para las personas incluidas en la lista.
Además de Maduro, figuran Diosdado Cabello, número dos del régimen chavista; Cilia Flores, esposa de Maduro; Jorge Arreaza, vicepresidente del régimen; Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral; Maikel Moreno, presidente de la Corte Suprema de Justicia, entre otros.
Se les acusa de corrupción, violación de derechos humanos y otros delitos.
La posición de Panamá
Panamá, representada en la reunión por la embajadora ante la OEA, María Roquebert León, dejó sentada su abstención en una nota a pie de página de la resolución, en la que, entre otros aspectos, destacó que “se opone a la adopción de una lista consolidada de personas sin que los Estados, previamente, hayan establecido un procedimiento explícito, mediante un reglamento donde se detallen los criterios de hecho y derecho para incluir o excluir personas vinculadas a actividades ilícitas...”.
Asimismo, consideró que “acordar en este foro el establecimiento de medidas migratorias en contra de determinadas personas crea un precedente peligroso en materia de derechos humanos”.
También rechazó el uso de la fuerza como parte de la búsqueda de soluciones a los problemas de Venezuela.
Panamá afirmó estar comprometida “en implementar cualquier medida para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y reprimir las acciones de delincuencia organizada [...] y en brindar la más amplia cooperación en materia de inteligencia, inteligencia financiera y cooperación policial y/o judicial a todos aquellos Estados que la requieran”, siempre de acuerdo con las leyes naciones e internacionales, a través de los canales previamente establecidos, respetando los derechos humanos.