El Gobierno gestiona la aprobación de un contrato con la firma estadounidense Foley Hoag LLP por $4.9 millones para que represente legalmente al Estado panameño en un arbitraje interpuesto por la empresa española Sacyr, S.A., principal accionista del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) que construyó el tercer juego de esclusas.
Se trata de una acción legal por separado de Sacyr contra el Estado y es aparte de los reclamos que GUPC presentó contra el Canal por supuestos sobrecostos en la construcción de las nuevas esclusas.
En el acuerdo entre GUPC y el Canal quedó establecido que la instancia para resolver los conflictos sería el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Sin embargo, en esta ocasión Sacyr se fue por otra vía, al introducir su demanda bajo el reglamento de arbitraje de la comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por supuestas violaciones del acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones firmado entre la República de Panamá y el Reino de España, de 1998.
En este arbitraje, Sacyr no establece el monto del reclamo y amparada en el acuerdo bilateral alega que Panamá no protegió su inversión y no le dio el trato de nación más favorecida, entre otros. Foley Hoag presta los servicios desde septiembre de 2018, pero el contrato todavía debe aprobarlo el Consejo de Gabinete y ser refrendado por la Contraloría General de la República.