El último examen para calibrar el grado de cumplimiento del sistema fiscal panameño con el estándar internacional sobre transparencia fue publicado en noviembre de 2019.
Esa evaluación, que puso bajo la lupa los intercambios de información fiscal que el país realizó entre 2015 y 2018, trajo un resultado muy negativo: el Foro Global sobre Transparencia de la OCDE calificó a Panamá como “poco cumplidor”.
El arrastre de este análisis es el que le sirvió a los Ministros de Economía de la Unión Europea para mantener al istmo en su lista negra. Un desfase temporal que ha impedido a Panamá demostrar sus avances en el cumplimiento del intercambio de información tributaria bajo previa petición de una autoridad competente.
Desde 2017, cuando entró en vigor el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, Panamá intercambia datos fiscales de forma bilateral, pero no automática, con más de 120 jurisdicciones.
En la actualización del elenco de territorios no cooperadores, la UE incluyó a Dominica y sacó a Barbados. Hoy, son 12 las jurisdicciones consideradas poco transparentes: Samoa Americana, Anguila, Dominica, Fiyi, Guam, Palau, Panamá, Samoa, Seychelles, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu.