Hace un mes –exactamente el 12 de julio de 2011– un lote de algo más de una hectárea ubicado frente a la bahía de Panamá, al inicio de Punta Paitilla, pasó de ser patrimonio de todos los panameños, a propiedad de la sociedad Segura Ventures Inc.
Curiosamente, la transacción no produjo beneficio económico alguno al Estado. La directora de Catastro y Bienes Patrimoniales, Anabelle Villamonte Murgas, cedió el terreno a “título gratuito” mientras determinaba que su valor era de $11 millones 367 mil 581.04 (ver facsímil).
¿Cómo fue esto posible? Hasta el momento, tanto Anabelle Villamonte como su jefe, el administrador de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), Alejandro Castillero, guardan absoluto silencio sobre el asunto.
Y, por lo visto, en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que antes de la creación de la Anati tenía competencia sobre el proceso de titulación de tierras en costas e islas, nadie fue consultado.
“Todos en el despacho superior del MEF, y más específicamente en el Viceministerio de Finanzas, fuimos sorprendidos por la noticia cuando apareció en un medio impreso. Sin embargo, en estos momentos no tenemos jurisdicción sobre Catastro por haber expirado el período de transición”, fue la respuesta que diera a este diario el ministro Alberto Vallarino.
“Es evidente que esta larga transición no ha sido conducente a mantener controles, pues cualquier ente con dos cabezas es, por definición, un monstruo”, agregó Vallarino, en referencia al período de seis meses de transición que estableció la Ley 59 de 2010 que creó la Anati y que vencieron el pasado 31 de julio.
Es decir, la generosa sesión se produjo cuando aún Catastro estaba, en teoría, bajo la tutela del MEF.
Sin embargo, agrega el ministro Vallarino, “para efectos prácticos, las lealtades, reportes y compromisos de los funcionarios de Catastro han estado orientados desde hace muchos meses hacia el despacho superior de Anati. De hecho, la designación de Anabelle Villamonte como directora de Catastro fue hecha por solicitud del despacho superior de Anati, en reemplazo del hasta entonces director general de Catastro, Publio Cortés”.
La historia
A pesar del silencio de Villamonte y Castillero, la resolución de adjudicación del pasado 12 de julio revela algunos datos esclarecedores.
Por ejemplo, se deja constancia de que se trata de la titulación de tierras por “derechos posesorios”, que implica un complejo proceso, el cual incluye, entre otros trámites, la consulta a los vecinos e instancias del Estado, para constatar que no hay oposición.
En consecuencia, llama la atención que la peticionaria, la sociedad Segura Ventures Inc., haya sido creada tan solo el pasado 28 de marzo de 2011 por el abogado Francisco Pérez Ferreira, que es su agente residente y uno de sus directores.
La resolución de Catastro también explica que el “poseedor original” de los derechos sobre la tierra es César Segura Pineda, que ha probado “la posesión a través del dominio material por más de cinco años...”, como exige la legislación vigente.
¿Cómo se acreditó ese “dominio material”? Difícil hazaña, ya que desde 2005, César Segura Pineda fue lanzado por intruso del lugar por el entonces corregidor de San Francisco.
Segura Pineda llegó a Punta Paitilla en 1988, instalándose en la acera del área de estacionamientos del hotel Plaza Paitilla Inn a vender flores.
Una de sus clientas frecuentes, la hoy gobernadora y entonces alcaldesa de Panamá Mayín Correa, le otorgó en 1993 permiso para poner un quiosco y dejar la precariedad de los cubos.
No le bastó. En 1997, César Segura se pasó al terreno frente al mar que empezaba a crecer, debido a que Correa planeaba hacer un parque, y para ello rellenaba la pequeña franja de tierra original.
Oculto bajo el espeso follaje de un recodo bien escogido, Segura construyó una casa y llevó a vivir a su familia. Y allí estuvo hasta que, en 2005, fue desalojado de manera forzosa por intruso.
Un intento previo de sacarlo de esa tierra fue pospuesto por las autoridades, debido a que Segura amenazó con prender fuego a la casa y a su familia.
En aquel momento, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la hoy muy generosa Dirección de Catastro, resolvió “que [Segura] no puede vivir en las tierras que son propiedad de la Nación y serán utilizadas para el beneficio de la comunidad”.
En la Dirección de Catastro también reposa la Resolución 184 del 10 de octubre de 2005, suscrita por el entonces director Benjamín Colamarco, en la que “autorizaba al Municipio del distrito de Panamá para que utilice y ocupe”... el lote en cuestión “destinado exclusivamente a la construcción de un parque público municipal, para la recreación y esparcimiento de los ciudadanos”.
Al parecer, ninguno de estos antecedentes documentales fueron tomados en cuenta por Anabelle Villamonte al ceder tan generosamente a Segura Ventures Inc. la tierra destinada a un parque.
Las conexiones
Pero, ¿cómo puede un humilde vendedor de flores, contratar las gestiones de un abogado para hacer una sociedad anónima, y realizar los costosos y complicados trámites de reconocimiento de derechos posesorios?
Las claves del misterio van del pasado al presente; de la actividad inmobiliaria al poder.
Por ejemplo, Rodrigo Sarasqueta, actualmente secretario ejecutivo de seguridad del Ministerio de la Presidencia, y aspirante a ocupar un puesto como magistrado en la Corte Suprema de Justicia, es un viejo conocido del exitoso exvendedor de flores.
Como apoderado de César Segura (ver facsímil) tramitó en 2004 ante la Dirección de Catastro una solicitud de caducidad para una petición que sobre el mismo terreno había hecho el Plaza Paitilla Inn. Al parecer, Segura y su abogado no querían competencia.
Sarasqueta, igualmente, acompañó a Segura en el desalojo ocurrido en 2005 y, cuando las autoridades sacaban las plantas del improvisado vivero, dijo que “eran propiedad de Felipe Virzi” (ver La Prensa del 12 de agosto de 2005).
Hoy, cuestionado al respecto, Sarasqueta negó su participación en el proceso de titulación por derechos posesorios. El poder que le dio Segura en 2004 (ver facsímil) era para una “solicitud de concesión y compra a la Nación”.
Sarasqueta agregó que no tiene contacto con Segura desde hace tres años. “...al parecer, cambió el número del celular o simplemente no quiere responder a mis llamadas”.
El funcionario presidencial detalló todos los recursos legales que presentó en 2005 para defender a Segura del lanzamiento. “...se hizo por instrucción del exalcalde Juan Carlos Navarro, ya que dicho señor mantenía no se qué interés en el terreno de mi cliente”, afirma.
A pesar de que Sarasqueta habla “del terreno de mi cliente”, tanto en las resoluciones ya citadas de Catastro, como en el fallo de la Corte Suprema de 2006, relacionado con una denuncia que presentara contra Colamarco, se dejaba constancia de que se trataba de una propiedad de la Nación “inadjudicable”.
Finalmente, Sarasqueta niega haber tenido relación comercial o profesional alguna con Felipe Virzi.
Otro nombre destaca en el rápido proceso de inscripción de la resolución de Catastro que favoreció a Segura Ventures, Inc.
Se trata de la abogada Ailedsabel González que, tras la expedición de la citada resolución el 12 de julio pasado y la inmediata notificación del abogado Francisco Pérez Ferreira, acudió rauda al Registro Público para realizar el trámite de inscripción el día siguiente.
Ese mismo día –el 13 de julio– y por el procedimiento de “alteración de turno”, que tiene un costo de $250, quedó inscrito el documento y nació la finca 3508399, valuada en $11 millones.
Ailedsabel González trabaja como abogada del Departamento Legal de Btesh & Virzi, la empresa inmobiliaria del ya mencionado Felipe Virzi y su socio Gabriel Btesh.
La abogada González aparece también en la página de la Autoridad de los Servicios Públicos, como parte del grupo que lideran Btesh y Virzi en el Consorcio Hidroeléctrico Tabasará, S.A.
¿Son Gabriel Btesh y Felipe Alejandro Pipo Virzi los actuales dueños de Segura Ventures Inc. y, en consecuencia, propietarios de un terreno de más de una hectárea recibido gratuitamente del Estado?
Esta pregunta se le intentó hacer al agente residente de Segura Ventures, Inc., el abogado Francisco Pérez Ferreira, pero no contestó las llamadas y mensajes enviados a su correo electrónico.
De parque a negocio
“Nadie sabe para quién trabaja”, comentó indignada Correa, al ver cómo el relleno hecho durante su gestión es ahora propiedad privada.
En 1997, Correa pidió ayuda a los constructores de la ciudad para que tiraran el caliche de sus obras en ese lugar. Así fue creciendo el área, que luego fue trabajada con maquinaria para aplanar el material.
Sin embargo, la exalcaldesa nunca obtuvo el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas de la época para el traspaso del relleno al Municipio, y su mandato terminó sin que pudiera culminar tal proyecto.
“El Toro [el expresidente Ernesto Pérez Balladares] mandó a que quitara un letrero que había colocado en el lugar anunciando la construcción del ´Mirador Iberoamericano´... había hablado con varios embajadores que prometieron ayudarme...”, relata Correa con enojo.
El proyecto no parece haberle interesado a su sucesor, Juan Carlos Navarro, pues el 8 de marzo de 2001, bajo la administración de Mireya Moscoso, Catastro ordenó archivar la solicitud para el uso del citado relleno por parte del Municipio de Panamá.
Según la documentación que sustenta la decisión, el entonces alcalde no hizo trámite ni gestión alguna ante Catastro para darle impulso a la petición. Navarro fue notificado el 9 de marzo de 2001. Y a pesar de la documentación que corrobora esta versión, Navarro lo niega.
Su vocero Max Bedoya asegura que el proyecto “se retrasó porque, a petición de los vecinos”, el terreno se utilizó para permitir la circulación entre dos edificios en construcción.
Asegura que se entregó el diseño del parque y que se realizaron “reiteradas e insistentes gestiones” para que se traspasara el terreno al Municipio, y que por razones desconocidas “el gobierno no accedió”.
Navarro también recuerda el momento en que Segura fue lanzado del lugar, “pues no tenía ningún derecho de estar allí”.
Otro que no olvida el incidente es el ya citado Benjamín Colamarco, que calificó la cesión del terreno como “un fraude”. “Nosotros lo echamos [a César Segura] de ahí porque era un intruso”, agregó quien fuera director de Catastro y ministro de Obras Públicas en la pasada administración.
El exfuncionario recuerda que emitió una resolución determinando que la tierra se debía usar para un parque. “Nadie se puede apoderar de ese terreno”, añadió.
“Segura se hizo representar por el abogado Rodrigo Sarasqueta... tuvo el coraje de demandarme, pero la Corte determinó que, efectivamente, ese terreno es del Estado, propiedad pública”, relata.
En el fallo de la Corte ya citado y que constituye otro antecedente ignorado por Anabelle Villamonte en el curioso proceso de adjudicación, el propio Segura reconoció que la tierra de donde fue desalojado es propiedad de la Nación. “...según él [el denunciante] el área que ocupa no le pertenece al Municipio, sino a todos los panameños por estar ubicada en la bahía de Panamá...”, recoge la sentencia de 2006.
Otro dato importante dejado de lado por la directora de Catastro es que el terreno en cuestión y su área aledaña es identificado, aún hoy, como parque vecinal “PV”, en el plano de zonificación existente en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Es decir, en el terreno cedido a Segura solo puede hacerse un parque. A menos, claro, que el Gobierno cambie la zonificación.
“Nadie puede construir casas ni edificios en un parque vecinal, ya que es un espacio abierto para veredas peatonales, canchas, parques, todo lo que sea de uso público”, comentó el ingeniero municipal, Juan Manuel Vásquez, quien, por lo visto, nunca fue consultado por Anabelle Villamonte antes de su dadivosa cesión de tierras.
Ahora, tras lo sucedido, Correa envió el pasado 12 de agosto una petición de investigación al procurador de la Nación, José Ayú Prado, y a la secretaria del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, Abigaíl Benzadón.
Además, los vecinos de los enormes edificios de Punta Paitilla cercanos al terreno también se preparan para dar la batalla legal. Aún no se reponen de la sorpresa, pero se están organizando.
(Con información de Ereida Prieto-Barreiro y Santiago Cumbrera).
Felipe Virzi
Es pariente, amigo y vecino en Santiago del presidente, Ricardo Martinelli. Frecuente visitante del Palacio de las Garzas, formó parte de la comitiva que acompañó al mandatario en su primer viaje oficial a Italia, en 2009.
Fue precisamente con el gobierno de Martinelli que Pavilion Financial Company Inc. recibió, mediante un contrato directo, el arrendamiento del local donde actualmente están las oficinas de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. A Virzi se le conoce como el hombre más rico del interior, y “el dueño de Santiago”.
De hecho, este año anunció que donará la tierra para la construcción del aeropuerto internacional de provincias centrales si Martinelli decide hacerlo en Santiago. Pero no todos son éxitos. En 2002 estuvo bajo la mira de las autoridades fiscales por obtener, a través de sus empresas ganaderas, Certificados de Abono Tributario fraudulentamente después de reportar información alterada sobre las cifras reales de exportación.
Redacción La Prensa
Gabriel Btesh
Se dedica al desarrollo inmobiliario junto al exvicepresidente Felipe Virzi. Aunque estuvo muy cerca de Martín Torrijos y está inscrito en el PRD, también ha establecido fuertes lazos con este gobierno. Formó parte del grupo que manejó las donaciones de Torrijos durante su campaña y luego fue uno de los amigos del Presidente que tenía asignados escoltas del SPI.
En este gobierno, Pavilion Financial Company Inc. (que comparte con Virzi) alquila, mediante contrato directo por $426 mil al año, el local donde hoy están las oficinas de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. En noviembre de 2010, una empresa que tiene como accionista a su hermano Salomón, recibió una concesión para un casino en El Dorado.
Ha sido señalado de participar en las reuniones sostenidas por los hijos del expresidente colombiano Álvaro Uribe para la supuesta compra de la empresa de rellenos sanitarios Urbaser, y fue mencionado en una investigación de la Fiscalía de Drogas en Panamá por ser el supuesto contacto aquí del exgobernador mexicano Mario Villanueva, acusado por narcotráfico. Btesh fue quien le consiguió una cita al millonario Carlos Slim con Martinelli. El secretario general del PRD, Mitchell Doens, lo ha acusado de ser un ´emisario´ de Martinelli.
Redacción La Prensa
Una ´romántica´ historia de ´justicia y lucha´ por la tierra
El pasado 29 de julio, el abogado y activista Ebrahim Asvat daba la voz de alerta en su Bitácora del día. Tenía información de “la venta de un lote de terreno cerca del hotel Plaza Paitilla Inn donde ya un inversionista promotor tiene un proyecto armado”. “Nadie ha querido dar información acerca del lote de terreno sobre el mar. Los conocedores en el mundo inmobiliario ya saben que tiene dueño y cómo se logró su titulación. Según una fuente, el vendedor de flores que usualmente tenía un puesto cerca de los estacionamientos del Plaza Paitilla Inn, alegó tener los derechos posesorios”.
“Para chanchullos se necesitan dos y en nuestro precioso y hermoso país un día amanecerá y hasta el Puente de las Américas y el Canal de Panamá tendrán dueño...”, agregaba Asvat con preocupación.
El dato era tan inaudito, que pocos pensaron que fuera verdad o posible. Sin embargo, la investigación se inició y el silencio de los funcionarios involucrados empezó a ser sospechoso.
En eso estábamos en la Unidad de Investigación de este diario, cuando una empalagosa historia se publicó el pasado 11 de agosto en el Panamá América, asegurándose que el veragüense César Segura había batallado por 24 años “por el título de propiedad de lo que era el sustento de su familia”.
Según la historia, Segura empezó en 1987 a cultivar flores tropicales como helicondias, heliotropos en ese globo de tierra firme, a un lado del hotel Plaza Paitilla Inn”. Toda una hazaña teniendo en cuenta lo que los salados aires marinos hacen con las plantas.
Además del dudoso prodigio en jardinería, la historia tiene un fallo. En 1987, el terreno que Segura solicitó y obtuvo de Catastro no existía. El relleno de un poco más de una hectárea, que ahora es de Segura Ventures Inc., empezó a hacerse en 1997. Y no fue sino hasta ese año cuando el afortunado vendedor de flores llegó como precarista a vivir en el área.
El año 1997 es complicado para Segura. Además de invadir un terreno público, se vio envuelto en la muerte de una persona.
Una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema del 2 de febrero de 2000, confirma el auto de apertura de causa criminal contra César Enrique Pineda Segura, por la muerte de Edwin Joseh Cerrud Rodríguez, “hecho de sangre ocurrido en la madrugada del 18 de abril de 1997...”.
En la base de datos del Órgano Judicial, no hay más novedades del caso y ha sido imposible contactar a Segura, a pesar de que el abogado Sidney Sittón, quien se comunicó con este diario asegurando que lo representaba, no accedió a arreglar una entrevista.
Sittón asegura que su cliente “no tiene propuestas en firme ni conversaciones formales con inversionistas” para la compra del costoso terreno.
Por el momento, si nos fiamos de lo que Segura declaró al Panamá América, el exvendedor de flores está tranquilo. “Ya la tormenta pasó, ya nadie me lo puede quitar”.
Lina Vega Abad
VEA MAÑANA: Los extraños movimientos de la Anati
