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PROPUESTA

Partidos políticos sufren revés en el seno de la CNRE

Los temas más álgidos de la comisión de reformas al ‘Código Electoral’ se aprobarán por mayoría calificada. La propuesta del Foro fue respaldada por el Partido Popular y el Panameñista.

Partidos políticos sufren revés en el seno de la CNRE
La CNRE acordó una reunión extraordinaria para el próximo martes 15 de septiembre. Aún no empieza el debate en torno a los 207 artículos que serían modificados o agregados. LP

Los partidos políticos ya no tendrían la última palabra en los temas de mayor relevancia dentro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) que, por estos días, debate los cambios al Código Electoral, de cara a los comicios de 2024.

Durante la segunda reunión, el pasado jueves, entre los magistrados del Tribunal Electoral (TE) y la Comisión -que está conformada por los partidos políticos y el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales-, se aprobó que los temas de mayor relevancia fuesen avalados por una “mayoría calificada de dos terceras partes”. Es decir, ocho de los 11 miembros de la CNRE.

Es así como se aprobaría todo lo relacionado al financiamiento público y privado, paridad de género, adjudicación de curules en los circuitos plurinominales, fuero electoral, libre postulación, publicidad y propaganda, según la propuesta avalada. “Estos temas se considerarán como mínimos y no excluyentes, pudiendo la comisión aprobar otros que considere prioritarios o de relevancia, si lo estimara conveniente”, precisa la propuesta.

También se acordó que el resto de los temas sería aprobado con la mayoría absoluta o simple.

Esta iniciativa, que impulsa el Foro, surgió debido a que, en el pasado, la mayoría de las veces que la CNRE se ha reunido para debatir los cambios electorales, estos temas no logran consensos entre los representantes de la sociedad civil organizada y los partidos políticos.

Dudas de la aprobación

La propuesta del Foro (universidades, sector privado, sindicatos y organizaciones no gubernamentales) fue respaldada por los partidos Popular y Panameñista. La rechazaron, sin embargo, Cambio Democrático (CD), el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena). Estos dos últimos hoy día controlan la Asamblea Nacional, donde debe aprobarse el proyecto. El representante del partido Alianza se abstuvo.

Si los temas relevantes se aprobarán ahora con la mayoría “calificada”, los magistrados del TE estarían renunciando al derecho que les otorga el Código Electoral: plantear la forma cómo se vota en esa instancia.

El código plantea en su artículo 128 que “el reglamento interno y todas las decisiones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales serán aprobados por mayoría de votos”.

Tras ser avalada la propuesta del Foro, el magistrado Alfredo Juncá, que coordina la CNRE, dijo que se procederá, “por parte de los tres magistrados del Tribunal Electoral, a reformar el decreto, para incluir el nuevo método de votación”.

Fuentes del Tribunal Electoral informaron a este medio que lo aprobado no fue del agrado de los magistrados Heriberto Araúz y Eduardo Valdés.

Durante la reunión, el secretario general de la Asamblea Nacional, Quibián Panay, quien representa a este órgano del Estado en la mesa de la CNRE, recordó a los diversos sectores que están en la comisión que la última palabra sobre el borrador de reformas al Código Electoral la tendrán los 71 diputados.

En las últimas reformas, aprobadas en en 2017 se oficializó que la CNRE es un organismo de consulta permanente del Tribunal Electoral, “con el fin de asistirlo en la preparación de un proyecto de ley, cada cinco años, para seguir perfeccionando el código”.

207 artículos

Durante este período, la CNRE basará la discusión en 207 artículos que el TE ha sugerido reformar en base a la experiencia de las últimas campañas electorales. Esta decisión de hacer una reforma parcial la tomó el Tribunal Electoral, debido a la crisis de la Covid-19, que ha restringido la movilidad de la población.

Entre las propuestas de reforma está prohibir a los partidos políticos, precandidatos y candidatos, recibir donaciones de personas naturales o jurídicas que tengan contratos con el Estado.


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