Las demandas e indemnizaciones que tuvo que afrontar el Estado panameño el año pasado le costaron al erario público un total de $6.9 millones.
Lo anterior fue divulgado ayer por el procurador de la Administración, Rigoberto González, quien rindió el informe anual correspondiente a 2017 ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.
Según González, la Procuraduría de la Administración tramitó 262 expedientes entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017, de los cuales 58 procesos terminaron en condena contra el Estado y otros 7 en indemnización.