La organización Transparencia Internacional (TI) consideró que los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil que se reúnan en la VIII Cumbre de las Américas, que se efectuará desde mañana y hasta el sábado en Lima, Perú, deben aprovechar esta oportunidad para generar consensos y recomendaciones sobre las áreas estratégicas que realmente contribuyan a atacar la raíz de la corrupción.
A través de un comunicado, la oenegé manifestó que los recientes escándalos en la región, principalmente el caso develado por la operación Lava Jato, que expuso la actividad criminal de un cartel de empresas constructoras brasileñas que operaba en gran parte de América, entre las cuales destaca Odebrecht, confirman que las áreas estratégicas para combatir la corrupción son el financiamiento de los partidos y campañas; las compras y contrataciones públicas; y el sistema de justicia, que deben ir acompañados del derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas de calidad y participación ciudadana.
Propuestas
En ese sentido, la organización propone acciones concretas, como instaurar sistemas obligatorios de administración y control interno de todos los recursos; establecer obligaciones y mecanismos para garantizar la máxima publicidad de toda la información sobre el financiamiento; prohibir el proselitismo desde cargos públicos; fortalecer las unidades internas de control de todas las instituciones que procesan compras y contrataciones públicas; y crear un sistema de precalificación que establezca criterios de integridad que las empresas deben cumplir para participar en los procesos de compras y contrataciones.
Asimismo, resalta que se hace necesario garantizar la publicación de las declaraciones de intereses y patrimonio de los funcionarios involucrados en todas las fases de los procesos de compras y contrataciones, así como establecer sanciones contra la injerencia en los procesos de selección de los funcionarios del sistema; instituir la obligación de detectar, prevenir y resolver los conflictos de intereses de los funcionarios del sistema de justicia; crear normas y mecanismos para la protección de los denunciantes y testigos, y establecer sanciones para las instituciones financieras que no cumplan con los procesos y normas de recuperación de activos.