Un recurso de prescripción de la acción penal de las investigación por la presunta comisión de delito contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Seguro Social (CSS) a través de la empresa Advance Consulting (filial de la multinacional Sap) fue presentado por el exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental Eduardo Jaén Limino y otros tres imputados.
Tras un reparto celebrado el pasado 30 de octubre en la Sala Penal los recursos quedaron radicados en el despacho del magistrado José Ayú Prado Canals.
Estas acciones llegaron luego de que el pasado 13 de julio de 2020 el pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales impulsado por la defensa de Eduardo Jaén Roy, Ariana Jaén Roy y Aracelli Roy Correa.
La fiscalía vinculó a los imputados a través de evidencias que los vinculan como firmantes en la empresa Great Falls Investment Corporation, S.A., que habría recibido transferencias de altas sumas de dinero que sirvieron como pagos para la obtención de contrato por parte de la CSS para la obtención de sofware.
Si bien la vista fiscal remida en octubre de 2016 al Juzgado Decimotercero Penal pedía un sobreseimiento provisional para Eduardo Jaén Roy, Adriana Lorena Jaén Roy de Barletta y Aracelli María Roy Correa, el tribunal no ha podido validar o rechazar dicha recomendación al no haberse realizado la audiencia preliminar.
En este caso el Segundo Tribunal de Justicia declaró extinguida la acción penal a favor del empresario Aaron Mizrachi, acusado de corrupción.
La investigación se inició luego que el agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) Stuart Andrew afirmó haber descubierto pagos en concepto de sobornos a ciudadanos panameños para la obtención de un contrato con la CSS, valorado en 14.5 millones.
Según la investigación los pagos llegaron a una cuenta a nombre de Eduardo Jaén Limino y que para ello se habría usado la sociedad Great Falls Investment Corporation S.A. en la que figuran como firmantes Ariana Lorena Jaén Roy de Barletta y Aracelli María Roy Correa.
A los investigados se le formularon cargos por la presunta comisión de los delitos de peculado y corrupción de funcionario.