Como poco transparente calificó la exdiputada independiente Ana Matilde Gómez la decisión de ordenar el cierre de la Asamblea Nacional (AN) por parte de su junta directiva, sin dar mayores explicaciones. Según Gómez no quedó claro si esta medida será permanente o se limitará a la emergencia sanitaria por la aparición de casos de coronavirus en varios colaboradores de ese órgano del Estado.
Para la exdiputada es necesario que la Asamblea Nacional aclare los alcances de esta decisión, pero en estos momentos lo más importante es proteger la salud de quienes laboran allí, ya sean diputados o personal administrativo.
Reconoció que ahora lo que prevalece son las ordenanzas de carácter sanitario expedidas por el Ministerio de Salud y que la salud está por encima de cualquier norma, ya que lo primordial es salvar la vida de las personas.
Por su parte, la exdiputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y expresidenta de la AN, Balbina Herrera, considera que no se trata de un cierre de la Asamblea, sino que luego de detectar varios casos de coronavirus se tomó la decisión de realizar una limpieza por los casos de coronavirus detectados.
El pasado 28 de marzo el presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, anunció el cierre de esa organismo, luego de que se detectaran tres casos de coronavirus y por recomendaciones del Ministerio de Salud se ordenó evacuar la mayor parte del personal.
Ayer, a través de otro comunicado Castillero dijo que hoy, lunes, se inician labores de desinfección profunda en el pleno en las comisiones. No aclara cuándo retomarían las sesiones o si el cierre es por lo que queda de estas sesiones ordinarias.
La semana pasada se conoció que Castillero contrató a la sociedad Grupo Cleanco, S.A., por la suma $7 mil, para la limpieza y humectación de las sillas del pleno legislativo, integrado por 71 diputados.
El presidente del Partido Panameñista, José Blandón, solicitó a Castillero que “se haga todo lo necesario administrativa y legalmente para sesionar en otro recinto.
En un comunicado del partido, Blandón recordó que el período ordinario de las sesiones dura ocho meses, dividido en dos períodos de cuatro meses cada uno: del 1 de julio al 31 de octubre y del 2 de enero al 30 de abril. Es decir, que faltaría casi un mes.
Blandón dijo que instruyó al equipo legal del partido para atacar “esta decisión arbitraria e inconstitucional”, incluyendo una denuncia penal.
La Asamblea tiene en agenda el proyecto de ley 295 que contempla la suspensión del pago de los servicios públicos por cuatro meses y sin intereses por el estado de emergencia decretado a raíz de la pandemia.
Además, se encuentra pendiente de discutir el proyecto de ley 296 que plantea una serie de medidas generales para preservar el trabajo, facilidades para obtener recursos económicos a los sectores afectados por la paralización y flexibilizar el déficit fiscal.
Esta iniciativa es impulsada por la vicepresidenta de la AN, Zulay Rodríguez, quien en redes sociales se ha mostrado molesta por la decisión de Castillero. Dijo que no fue consultada.
Por otro lado, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces remitió una nota a Castillero para solicitar el retiro del proyecto de ley que introduce reformas a la Ley de Carrera Judicial, a fin de analizar los cambios introducidos por los diputados y no afectar el sistema de selección de los funcionarios del Órgano Judicial.
También la Asociación de Magistradas y Juezas del Órgano Judicial de Panamá solicitó a Castillero suspender su discusión para lograr un mayor consenso en los cambios propuestos.
