Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), volvió a poner su mirada en dos fenómenos que afectan a grupos sociales en Panamá en medio de la crisis sanitaria por la Covid-19.
Se trata de la propagación del virus en las cárceles panameñas, y de la situación de los migrantes que usan el país para desplazarse hasta el norte del continente y que se encuentran en albergues en Darién.
Tras las rejas
Reiteró, por ejemplo, que es crítico lo que se vive en centros penitenciarios de Panamá a raíz de los casos de coronavirus.
Hizo un llamado para que, tanto autoridades del Órgano Judicial como del Ministerio Público, tomen “acciones urgentes” para darle un alivio a este sector de la población.
Aseguró que el “vertiginoso” aumento de los casos requiere de la aplicación de medidas para reducir el hacinamiento, hecho que facilita la propagación del virus.
Fiscales y jueces, dijo, tienen un rol importante en la aplicación de la detención preventiva de las personas que enfrentan procesos judiciales. En ese sentido, argumentó que el arresto debe ser la última de las medidas cautelares a imponer, ya que existen otras menos severas en el Código Penal.
Los casos
Cifras del Ministerio de Gobierno, entidad que cobija a la Dirección de Sistema Penitenciario, revelan que hasta ayer habían en las cárceles del país 503 presos contagiados con el nuevo coronavirus.
Solo en la cárcel pública de Santiago, en Veraguas, 333 detenidos tienen el virus. En ese penal hay 503 reclusos, lo que quiere decir que más de la mitad está contagiada. De hecho, los casos de esta cárcel constituyen el principal foco de Veraguas.
Mientras que en el Centro Femenino de Resocialización Cecilia Orillac de Chiari, la principal cárcel de mujeres del país, se reportaban 97 internas contagiadas.
En tanto, en la cárcel La Nueva Joya se habían detectado 48 internos afectados por la Covid-19, y en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza de Colón se registraban 25 internos contagiados.
Las cifras varían de un día para otro. Las autoridades penitenciaras afirman que todo está controlado.
Los migrantes
Arosemena de Troitiño, quien fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá entre 2004 y 2009, también consideró que otro hecho crítico no solo para Panamá, sino para Centroamérica, es la gran cantidad de migrantes que se encuentran atrapados en diferentes países del área sin poder seguir su camino. Por lo general, su meta es llegar a Estados Unidos o Canadá.
En Panamá, el hecho más dramático se vive en los albergues de La Peñita y Lajas Blancas, Darién, en donde permanecen mil 993 migrantes que no han podido seguir su camino por el cierre de las fronteras por la Covid-19. Allí se han reportado más de 40 infectados.
La presidenta de la CIDH pidió a los países de la región que tomen acciones en conjunto para proteger a estos seres humanos.
Devolverlos a sus países de origen, aseguró, sería una opción peligrosa. Muchos de ellos huyen de países que están en guerra y con serios conflictos étnicos.
Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, en la región existen unos siete mil migrantes atrapados por el cierre de fronteras luego de que se decretara la pandemia.
Precisamente, esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su presidenta, Elizabeth Odio Benito, exigió a Panamá que adopte las medidas necesarias para proteger la salud e integridad de estas personas, sin discriminación. El país debe presentar un informe al respecto el próximo 10 de junio.
