El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció ayer que enviará al Congreso un proyecto de ley para utilizar a militares en la protección de infraestructura pública sin necesidad de decretar estado de emergencia.
El proyecto de ley habilita a las Fuerzas Armadas a “colaborar en la protección de nuestra infraestructura crítica, incluyendo servicios públicos esenciales e infraestructura policial, cuyo funcionamiento eficaz es vital para la seguridad y calidad de vida de todos los chilenos”, dijo Piñera a la prensa tras una visita a la Escuela de Suboficiales de Carabineros (Policía).
Sebastián Piñera
“Esta colaboración [de los militares] permitirá liberar a un significativo número de carabineros para que vigilen y patrullen nuestras calles, plazas y lugares públicos, protegiendo el Orden Público y la Seguridad de nuestros ciudadanos”.
La iniciativa permite asignar a militares esas tareas, “sin necesidad de decretar estados de emergencia constitucional, ni de restringir las libertades y derechos de los ciudadanos”, agregó.
Durante el estallido social que comenzó en Chile el 18 de octubre, Piñera decretó Estado de Emergencia por nueve días, medida que otorga a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad de la población y el resguardo de la vía pública, ante las violentas manifestaciones, saqueos e incendios que se produjeron.
La Constitución chilena establece que las Fuerzas Armadas están dedicadas exclusivamente a la defensa nacional, y no tienen competencia en el orden público ni en la seguridad interna del país, a cargo de la Policía. Los militares sólo pueden ser convocados para intervenir en situaciones de excepción constitucional o desastres.
La crisis social en Chile se ha extendido ya por cinco semanas, en las que han muerto 23 personas, más de 2 mil resultaron heridas y una cifra mayor a 200 sufrió graves lesiones por disparos de perdigones. La fuerza ha quedado en la mira por denuncias de vulneraciones a los derechos humanos.
Organismos humanitarios como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han coincidido en que durante la crisis actual han existido violaciones a los derechos humanos de civiles por parte de agentes de seguridad del Estado.