En la denuncia presentada ante la Procuraduría de la Nación por supuesto plagio de la información de su base de datos, el Tribunal Electoral (TE) destaca que se sustrajeron datos a los que solo tenían acceso seis instituciones del Estado, entre las que figura el Ministerio de la Presidencia.
Sin embargo, esta no sería la primera advertencia del TE sobre el plagio de su base de datos por parte del ministerio que hoy dirige Roberto Henríquez.
En septiembre de 2012, el entonces magistrado presidente del TE, Gerardo Solís, le envió una carta a Henríquez en la que avisaba de la cancelación de las cuentas del Servicio de Verificación de Identidad (SVI) a dos funcionarios de Presidencia por el uso “indebido, abusivo e ilegal” de esta base de datos, de la que sustrajeron información sensitiva que luego se publicó en el diario oficialista Panamá América.
El organismo electoral canceló entonces las cuentas de Carlos Orillac, director administrativo de Presidencia, y de Fernando Núñez Fábrega, por aquella época gobernador de Coclé, al considerar que “personal adscrito al alto Despacho dentro del Ejecutivo podría estar fraguando un injustificable ataque público” contra la institución.
Unos días después, Henríquez le contestó a Solís con una nota oficial, en la que no negaba las acusaciones planteadas por el TE.
Por el contrario, el ministro manifestó que “correspondería entonces el sometimiento de este tema al pleno del TE, para que en la Sala de Acuerdos se verifique y analice la situación controvertida señalada como causal de semejante decisión”.
LOS DATOS DE TODOS
El gobernante Cambio Democrático (CD) creó la base de datos que fue denunciada por el TE para la campaña de su candidato presidencial José Domingo Arias.
En esta plataforma, el oficialismo puso a disposición de su membresía y sus simpatizantes la información privada, laboral, política, social y familiar de todos los panameños.
El sistema, denominado 360 y promocionado en repetidas ocasiones por el presidente Ricardo Martinelli, solo requería el número de cédula de un ciudadano para revelar sus datos de nacimiento, su afiliación política, si era beneficiario de un programa social de Estado –como Ángel guardián o 100 a los 70–, si era funcionario, y quiénes eran sus padres, abuelos, hijos, hermanos y conocidos.
Por ejemplo, en el caso de Eduardo Peñaloza, fiscal electoral y exasesor legal de CD, el sistema evidenció que toda su familia está inscrita en el oficialismo y que también son funcionarios.
Erasmo Pinilla, actual magistrado presidente del TE, advirtió de que esos datos fueron plagiados del sistema que maneja la institución e interpuso una denuncia ante la Procuraduría.
“Se hace necesario que se descubra y se responsabilice a los criminales que indebidamente hayan ingresado, utilizado y modificado información o datos que reposaban en la base de datos del sistema informático brindado por el TE”, aseguró Pinilla en el documento.