El 29 de enero de 2019, cuando era uno de siete aspirantes presidenciales, el ahora mandatario Laurentino Nito Cortizo firmó un documento cuyas primeras líneas eran: “Como candidato a la Presidencia de la República, me comprometo a combatir la corrupción, a gobernar con transparencia y a rendir cuentas en la gestión gubernamental que propongo llevar a cabo”.
Cuando faltan 25 días para cumplir un año en el poder, el gobierno de Cortizo, según el análisis llevado a cabo por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, anfitriones del Reto Transparencia 2019, no ha cumplido con la mayoría de los compromisos. Este pacto propuso acciones mínimas en materia de transparencia y combate a la corrupción.
Las falencias han quedado en evidencia justamente en medio de la pandemia por la Covid-19: no hay normativa proactiva para evitar irregularidades en compras estatales y facilitar la correcta fiscalización del uso de millonarios recursos del Estado.
Compromisos
El primer aspecto del reto contemplaba la presentación, durante el primer año de gobierno, de un paquete de leyes anticorrupción. Por ejemplo, una norma para proteger a los que denuncien casos de corrupción en entidades públicas. Otra iniciativa legislativa para actualizar la norma sobre declaración de bienes patrimoniales y así poder detectar enriquecimientos no justificados. Hasta ahora, el Ejecutivo no ha presentado proyectos de ley en ese sentido en la Asamblea Nacional, órgano que está bajo el mando del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD). La bancada perredista tampoco ha tenido en cuentas propuestas de este tipo que han sido presentadas por diputados independientes.
Por estos días, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) realiza consultas para reformar la Ley 6 de 2002 (de transparencia) y la Ley 33 de 2013, que le dio vida a la Antai. Elsa Fernández, jefa de esa entidad, recientemente anunció que las consultas se extenderían hasta el 31 de julio próximo, y facilitó dos correos: ley6@antai.gob.pa y ley33@antai.gob.pa, a los que los ciudadanos pueden mandar sus observaciones.
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional), apunta que luego de 11 meses de gobierno, “no ha habido una articulación para promover leyes que generen transparencia”.
Rendición de cuentas
En lo que respecta a transparencia y rendición de cuentas, la fundación se enfocó en el “estricto cumplimiento de la ley de carrera administrativa, con el fin de profesionalizar el servicio público”. En este aspecto, las acciones del gobierno de Cortizo han sido contrarias. Lo evidencian los decretos 69 y 84 de agosto y septiembre de 2019, respectivamente, que suspendieron la aplicación de la carrera administrativa y que equipararon la “experiencia previa” con una educación superior. Los decretos fueron duramente cuestionados, al punto que dieron pie a demandas ante la Corte Suprema de Justicia, que ordenó suspender sus efectos. “Este gobierno ha vuelto a repetir la práctica nefasta de nombramientos por partidismo, amiguismo… Esa práctica es una de las que genera más opacidad”, manifestó De Obaldía.
Contrataciones públicas
El tercer bloque del reto sugiere una reforma a la Ley de Contrataciones Públicas. Aquí, la administración de Cortizo ha mostrado avances. El pasado 7 de mayo, Cortizo sancionó las modificaciones a esa norma. Sin embargo, según De Obaldía, a pesar de las reformas, las mejoras “están en veremos”.
“La aplicación y reglamentación de la nueva ley tendrá mucho que ver con el balance final de cómo se llevó a cabo esa labor”, explicó.
El tema de las contrataciones públicas ha cobrado vigencia en el contexto actual de la pandemia. La declaración del estado de emergencia el 13 de marzo pasado dio cabida a múltiples compras directas por parte de distintos ministerios y entidades, sin que la ciudadanía pueda fiscalizar los procesos.
En medio de los cuestionamientos por la intención de compra de ventiladores con hasta 900% de sobreprecio, el gobierno creó una sección en el portal de Panamá Compra con las adquisiciones referentes a la Covid-19. Hasta la fecha, en ese sitio no hay documentos referentes a insumos médicos. Además, las compras se registran una vez ya se ha dado la selección del proponente, la orden de compra y el refrendo de la Contraloría.
Justicia
En el tema de justicia, el reto planteaba una agenda de reforma de la administración de justicia, acordada en el Pacto de Estado por la Justicia; la escogencia de magistrados y procuradores independientes sin nexos políticos, e impulsar la carrera judicial, entre otros.
De Obaldía resalta que “hubo un avance” con las designaciones de los tres magistrados y el nombramiento del actual procurador, a finales del año pasado, pues a simple vista no tienen relaciones de negocios, familiar o de militancia política con el Gobierno.
El año pasado, Cortizo designó a María Eugenia López Arias, Maribel Cornejo Batista y Carlos Vásquez Reyes como magistrados de la Corte. También designó a Eduardo Ulloa como procurador general de la Nación, en reemplazo de Kenia Porcell, quien renunció en medio del escándalo por los Varelaleaks.
¿Podrá el gobierno de Cortizo cumplir con los compromisos para la transparencia y combate a la corrupción, en los próximos cuatro años de mandato? El tiempo y las acciones u omisiones darán la respuesta.