OPINIÓN. Según el numeral 4 del artículo 280 de la Constitución Política, el contralor de la República tiene la facultad de: “4. Realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentar las denuncias respectivas”.
Según el artículo 11 de la Ley 32 de 1984, (Orgánica de la Contraloría) el contralor podrá hacer estas investigaciones de oficio o por denuncia. En caso de alta complejidad, podrá contratar peritos u otros expertos. La limitada capacidad de auditoría que tiene la Contraloría bien puede complementarse con la colaboración de la Universidad Tecnológica de Panamá, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, e incluso, se podría solicitar cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea o de gobiernos amigos como Alemania, Canadá, Chile, Estados Unidos o el Reino Unido, cuyas experiencias en materia de auditorías forenses serían de muchísima utilidad. Los recursos de la cooperación internacional pueden ser gestionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así, se podría evitar la posible impunidad de actos corruptos realizados con proyectos públicos complejos.