El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, adelantó ayer la posibilidad de continuar con la remoción de funcionarios, dos días después de que el Congreso, dominado por sus aliados, destituyó a los magistrados constitucionalistas de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal general.
“El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”, escribió ayer el mandatario en Twitter sin precisar qué funcionarios siguen en la mira del parlamento.
El sábado, tras instalarse la nueva Asamblea Legislativa (unicameral), donde los partidos aliados de Bukele tienen mayoría con 61 de los 84 escaños, procedió a destituir a los cinco magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, y de inmediato nombró su reemplazo.
La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, había contenido varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción, porque consideró que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.
También fue destituido el fiscal general, Raúl Melara, y en su lugar fue nombrado, de madrugada, el abogado Rodolfo Delgado.
Los magistrados destituidos y el fiscal Melara habían sido electos por la anterior legislatura que dominaron los partidos tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y la exguerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Tanto Arena como el FMLN se alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019.
“Aquí nos costó 30 años botar el régimen que nos tenía en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza”, subrayó Bukele.
El mandatario también pareció responder a las críticas internacionales sobre intentos de concentración de poder.
“Si la oposición gana en Nicaragua, dejarían a la Corte y la Fiscal Sandinista. Si la oposición logra ganar en Honduras, dejarían a la Corte y Fiscal de JOH (Juan Orlando Hernández). Si la oposición gana en Venezuela, dejarían a la Corte y Fiscal del Chavismo. Digo, por aquello del balance de fuerzas”, valoró Bukele.
Por las destituciones de los funcionarios, Bukele recibió la censura del gobierno de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y organismos humanitarios, entre otros. Esta última advirtió de que “cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional, están alterando la esencia de funcionamiento del mismo”.
El domingo, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó la “profunda preocupación” de su gobierno “por la democracia de El Salvador”.
“Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte”, escribió Harris en Twitter.
El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, expresó por su lado su “seria preocupación” por las destituciones, y dijo que el fiscal general era “un socio efectivo” de Washington DC en la lucha contra la corrupción y el crimen.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió ayer a El Salvador respetar la separación de poderes. Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres, llamó “a respetar las disposiciones constitucionales, el Estado de Derecho y la división de poderes, con el fin de preservar el progreso democrático logrado por el pueblo salvadoreño desde la firma del acuerdo de paz” de 1992.
