obstrucción de la labor policial

Presidente de la CSJ, ponente en caso del diputado Salazar

Presidente de la CSJ, ponente en caso del diputado Salazar
Jairo Salazar y Jorge Miranda. Archivo

No tenía placa visible, se negó a mostrar su licencia de conducir y cuando el agente intentó hablar con él sacó a relucir su condición diputado. Se trata de Jairo Bolota Salazar, quien ocupa la curul del circuito 3-1 (Colón) por el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).

El hecho se conoció tras la difusión de un video el pasado 15 de marzo en el cual se escucha a Salazar gritar desafiante al agente: “Quítate el uniforme. Yo peleo como un demente.. soy boxeador, fílmame”. Por esa razón, el director de la Policía, Jorge Miranda, lo denunció penalmente ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la presunta comisión del delito contra la administración pública.

Pero no fue el primer incidente. Ya el 13 de noviembre de 2019, el Departamento Legal de la Policía Nacional presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra el diputado Salazar por irrespeto a la autoridad y obstaculizar la labor policial. Ello, luego de otro incidente que se dio en el sector de Los Lagos, en Colón, cuando la policía acudió a una fiesta ante las quejas de los vecinos. En esa ocasión Salazar amenazó con romperle la cabeza a los agentes policiales.

La denuncia más reciente fue repartida el pasado 18 de marzo por la Secretaría de la Corte y quedó radicada en el despacho del magistrado Luis Ramón Fábrega, presidente de la Corte.

Tras estos incidentes, el propio secretario general del PRD, Pedro Miguel González, advirtió que “nadie está por encima de la ley”. Sin embargo, el PRD no ha comunicado si se le ha abierto un proceso disciplinario interno.

El artículo 360 del Código Penal establece que “quien con violencia, intimidación o engaño impida, obstaculice o imponga a un servidor público o a la persona que le presta asistencia, la ejecución u omisión de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones será sancioando con prisión de dos a cinco años”.

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