El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo por $40 millones a la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis). Este contempla un ambicioso proyecto de mejoras al sistema de certificación de discapacidad y busca complementar con direcciones en diversas instituciones estatales para avanzar en materia de inclusión y diagnóstico de personas con discapacidad en ámbitos de salud y educación.
El plan y la estructura del proyecto se han venido desarrollando en 2020 y a partir de 2021 se entra en la etapa de implementación.
La directora de Senadis, Donahy Raquel Shaud, y Carolina Freire, especialista de Protección Social y Salud del BID, explicaron a La Prensa de qué trata específicamente el programa y cuáles son algunos de los proyectos puntuales a los cuales se destinarán los fondos.
La discapacidad en cifras
Según datos del Senadis, en Panamá hay 317 mil 391 personas con discapacidad, lo cual corresponde a un 7.8% de la población. La prevalencia es más pronunciada en áreas rurales que en áreas urbanas.
Por otro lado, existe una relación entre discapacidad y pobreza, producto de una reducida participación laboral o de posibilidad de generar ingresos. A esto hay que sumar los costos que implica para la familia la atención de una persona con discapacidad.
Uno de los puntos centrales es ampliar y modernizar el sistema de certificación de la discapacidad que gestiona el Senadis, lo que, según Shaud, es una “deuda” que tiene el país. De hecho, se calcula que actualmente solo 2% de las personas con discapacidad están certificadas. Un carné de identificación, manifestó, ayudaría a cerrar brechas económicas y laborales para que la personas con discapacidad puedan acceder a los distintos beneficios establecidos en las normas.
Además de este componente, el proyecto se enfoca en el impacto social positivo en la salud y la educación de las personas con discapacidad.
En el sistema de salud
En primer lugar, se busca ampliar la cobertura de los distintos tamizajes que se aplican en centros del Ministerio de Salud para detectar discapacidades y hacer diagnósticos tempranos.
A pesar de que la cobertura de Panamá es amplia, la brecha es más pronunciada en áreas comarcales y rurales. Es por eso que el proyecto incluye la compra de 77 mil pruebas de tamizaje metabólicas, así como los equipos necesarios para su aplicación en los 53 establecimientos médicos que atienden partos. La selección de estos centros se hace en concordancia con los lineamientos planteados en el Plan Colmena, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social.
Shaud explicó que identificar a temprana edad si existen discapacidades visuales, auditivas o cognitivas en los niños es de extrema importancia. “Estaríamos garantizando a esa persona obtener la atención y ayuda técnica que necesita de forma inmediata”, dijo.
Además, el componente salud incluye la renovación y adecuación de varios de los llamados “centros reintegra” del Senadis a nivel nacional, los cuales proveen servicios de rehabilitación física y de atención técnica a personas con discapacidad. En el presupuesto se prevé también la construcción de un nuevo centro en la Comarca Ngäbe-Buglé.
Educación inclusiva
El componente educativo del proyecto busca fortalecer el modelo de educación inclusiva. Esto significa asegurar que en los centros educativos los estudiantes reciban clases al lado de los compañeros y no aparte. Freire explicó que para ello los centros rurales y comarcales ya cuentan con docentes especializados. Además, se trabajará en ejecutar campañas de sensibilización puntuales, dirigidas tanto a docentes como a estudiantes, en 477 escuelas públicas.
El programa conlleva la adquisición de 30 bibliotecas de recursos para mejorar la accesibilidad a material didáctico y tecnológico que apoye a los centros educativos.
Finalmente, la colaboración BID-Senadis tiene como objetivo la ampliación de la autonomía de las personas con discapacidad. Según datos oficiales, el 60% de las personas con discapacidad requiere apoyo de algún tipo y el 46% lo recibe de sus familiares. El peso de la asistencia personal recae en las mujeres, pues los datos revelan que el 69% de quienes brindan apoyo constante a una persona con discapacidad son mujeres.
Es por esto que se implementará un plan piloto, el cual se nutrirá de la base de datos del programa Ángel Guardián. La idea es capacitar y certificar a 650 asistentes personales, quienes recibirían un pago por sus valiosos servicios.