El procurador de la Administración, Rigoberto González, recomendó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) “una revisión integral a las condiciones actuales del contrato” entre Panama Ports Company (PPC) y el Estado panameño, “las cuales pudiesen llevar a una renegociación futura del mismo, tal cual lo hicieron las pasadas administraciones encargadas de su ejecución”.
Así lo plantea González al responder una nota que le hizo llegar el presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, el 2 de julio de 2021 en la que se buscaba que emitiera un criterio jurídico respecto a la revisión y modificación de las cláusulas del contrato Ley N°5 del 16 de enero de 1997 entre la AMP y la empresa que administra los puertos de Balboa y Cristóbal.
La nota de Adames adjuntó una serie de interrogantes que hacía su colega Pedro Torres desde el 26 de abril de 2021 y en las que básicamente pedía el criterio del procurador a propósito de las negociaciones entre PPC, el Estado y el papel del poder Legislativo.
Si bien González aclara que sus recomendaciones emitidas en su condición de asesor jurídico de los servidores públicos no deben considerarse como de obligatorio cumplimiento, sí deben tomarse en cuenta aspectos como rendición de cuentas y transparencia, normas que no existían cuando se firmó el citado contrato.
Igualmente, señaló que una renegociación debería ponderar hechos notorios como la reversión del Canal a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999 y su posterior ampliación en 2016. Es decir, temas de transparencia y realidades económicas para tomar una mejor decisión.
Una de las preguntas del diputado Torres es si el contrato contemplaba alguna forma de renegociación de las cláusulas y si este debía pasar por la Asamblea.
“El contrato sí contempla la posibilidad de que el mismo pueda ser renegociado, no obstante no establece una forma o algún tipo de procedimiento especial para llevar a cabo estas negociaciones”, respondió González.
Sin embargo, considera que la aprobación del trámite para las negociaciones no requiere el aval de la Asamblea Nacional, ya es un asunto de las partes.
Aclara que una cosa es la renegociación del contrato como tal y otra es la modificación de sus términos y condiciones producto de esas renegociaciones. Esta última parte, según el procurador, sí requiere la aprobación del Legislativo mediante una ley.
El procurador González aclaró a Adames que, dado que su consulta se hizo en julio, cuando ya la junta directiva de la AMP había emitido -el 23 de junio de 2021- la resolución que prorrogaba el contrato con PPC por 25 años más, tomara en cuenta que su opinión se basaba en hechos debidamente materializados y formalizados.
