La Procuraduría de la Administración, a cargo de Rigoberto González, solicitó a la Procuraduría de la Nación y a la Fiscalía General Electoral que le den trámite a una denuncia por supuesto uso de recursos del Estado para clientelismo político.
Esto, a raíz de que diputados del Partido Revolucionario Democrático han distribuido en sus circuitos electorales bienes y ayudas adquiridas por entidades del Estado.
En la resolución PAS/DS 321-2021 del 6 de diciembre, González cita los artículos 220 y 222 de la Constitución, sobre la facultad del Ministerio Público (MP) para perseguir los delitos y acusar ante la Corte Suprema de Justicia a los funcionarios cuyo juzgamiento corresponda a esa corporación. Además recuerda que el Código Electoral establece que los bienes y recursos del Estado no deben usarse en beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos políticos.
La denuncia llegó a la Procuraduría de la Administración de la mano del abogado Ernesto Cedeño, luego que este medio publicó la noticia “Una gran feria de dádivas”.
Contralor Solís no detectó irregularidades en la entrega de dádivas por diputados del PRD
La Contraloría General de la República, entidad a cargo de Gerardo Solís, no encontró “información certera” para determinar si hubo irregularidades en la entrega de dádivas por parte de diputados del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) en sus circuitos electorales, bienes que fueron adquiridos con dinero público.
Así se lo expresó Solís al procurador de la Administración, Rigoberto González, en una nota del pasado 22 de noviembre, luego de que este le solicitará un “informe explicativo” a raíz de una denuncia administrativa que le fue presentada después de que diputados del PRD repartieran en sus circuitos electorales bienes que fueron comprados por entidades estatales.
“La Contraloría General de la República fiscaliza, regula y controla todos los actos de manejo de fondos públicos que derivan en documentos de afectación fiscal que requieren el refrendo, el cual se otorga previo cumplimiento de los requisitos jurídicos y económicos que correspondan”, señaló el contralor y, más adelante, añadió que la denuncia que tramita la Procuraduría de la Administración no dice en qué documento fiscal o administrativo está la irregularidad, para así verificar si se ha otorgado un refrendo omitiendo los criterios.
La génesis
Todo se generó a raíz de la noticia “Una gran feria de dádivas con recursos oficiales”, publicada por La Prensa el pasado 26 de octubre. El abogado Ernesto Cedeño presentó una denuncia administrativa ante la Procuraduría de la Administración, en la que le exigió una justificación a la Contraloría para el refrendo de los “bienes muebles” que entregaron diputados del PRD.
Pero, a raíz de que Solís dijo que en la denuncia no se aportaron datos o elementos puntuales, González remitió el expediente a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General Electoral, alertando de que “algunas de las conductas descritas en la noticia podrían potencialmente configurar delitos”, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.
