Un estudio elaborado por el equipo legal de la Procuraduría de la Administración concluyó que el proyecto de ley 733 no le quita la facultad del Ministerio Público para conocer sobre faltas administrativas cometidas por altos funcionarios.
El proyecto 733, impulsado por el diputado Roberto Àbrego, busca la “reviviscencia” del literal b, numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial “para subsanar un vacío jurídico que se ha producido respecto al conocimiento de las faltas” que pudieran cometer los ministros de Estado, el procurador General de la Nación, procurador de la Administración, los diputados, el contralor y los magistrados del Tribunal Electoral. Es decir, que el pleno de la Corte “recupere” estas funciones.
El procurador Rigoberto González dijo ayer a TVN que llama la atención que la Asamblea haya “revivido” algo que sigue y seguirá vigente: “Investigar las faltas administrativas, dice la Constitución, y lo ha dicho la Corte en fallos recientes, le corresponde al procurador general de la Nación o al procurador de la Administración y eso no ha cambiado ni va a cambiar de sancionarse o promulgarse este proyecto”.
El abogado Ernesto Cedeño, quien había solicitado a González, investigar al contralor Gerardo Solís por posibles anomalías en un contrato pactado por la Contraloría con una empresa de imagen, dice que este proyecto es inconstitucional.
Según Cedeño, la iniciativa lo que buscan es blindar a altos funcionarios debilitando la transparencia y la rendición de cuenta precisamente en momentos en que el procurador González realiza investigaciones en atención al numeral 3 del artículo 220 de la Constitución que lo faculta a “vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes”.
