Las procuradurías de la Nación y de la Administración investigan la actuación de la Caja de Seguro Social (CSS), en la adjudicación de un contrato para almacenar, distribuir y entregar medicinas, por $168 millones.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, inició la investigación de oficio sobre el viaje a México de tres miembros de la junta directiva de la CSS, entre ellos, el presidente de la directiva, Miguel Edwards, en noviembre pasado.
La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación por la contratación de una empresa para procesos relacionados a medicamentos, presuntamente de manera irregular, por el monto de 168 millones de balboas. pic.twitter.com/JZx77sXICW
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) April 17, 2020
Edwards, junto a otros dos directivos de la CSS -Esmeralda Buchanan y José Alba- viajaron a México para conocer el sistema de almacenamiento y distribución de medicamentos en ese país.
El pasado 7 de abril, se adjudicó el contrato, de $168 millones, al Consorcio Salud en Control, integrado por la panameña PMG Logistic Corp y la mexicana Intercontinental de Medicamentos, esta última cuestionada por irregularidades.
González informó que, “como primera medida”, solicitará a Edwards un “informe sustentando y explicativo de dicho viaje” a México.
A su vez, la Fiscalía Anticorrupción anunció ayer que investiga la contratación del consorcio, “presuntamente de manera irregular”.
Por lo pronto, el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, guarda silencio.
Director de la CSS habría designado a los directivos que viajaron a México
Gregorio Guerrel es el representante de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) y del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) ante la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS). No es una voz muy conocida fuera de esas organizaciones, pero esta vez se hizo escuchar ante un tema que ha venido denunciado por diversos medios: los gastos de la entidad social.
En específico, a Guerrel le preocupa la recientemente suspendida licitación de la CSS para actualizar, implementar e integrar los procesos de almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos. No todos los directivos de la CSS quieren abordar ese tema con este medio,y Guerrel es de los pocos que lo ha hecho. Y una de las cosas que dijo es que miembros de la directiva quedaron sorprendidos al conocer que tres de sus integrantes irían a México a conocer un sistema de almacenaje, disposición y entrega de medicamentos en entidades públicas de salud de ese país.
Guerrel aún recuerda con claridad las reuniones de la directiva de octubre y noviembre pasado en las que se tocó el tema. “Eso [el viaje a México y la convocatoria a la licitación] tuvo su origen cuando el director de la CSS [Enrique Lau Cortés] designó a un equipo de directivos [con el fin de viajar] a México, para que vieran cómo funcionaban los robots, y eso del almacenamiento y dispensación de los medicamentos”.
En efecto, Lau Cortés les presentó el millonario proyecto, recuerda Guerrel, luego de que el presidente de la junta directiva de la CSS, Miguel Ángel Edwards, junto a la representante de los gremios de Profesionales y Técnicos de la Salud, Esmeralda Buchanan, y el delegado suplente de los servidores públicos, José Alba, regresaron de México, donde visitaron los estados de Guanajuato y Jalisco, lugares donde una de las empresas ganadoras de la licitación tiene en operación su sistema automatizado para dispensar medicinas, y donde ésta tiene su sede, respectivamente.
Los viajeros -a su retorno- presentaron un informe a la directiva, en el que elogiaban el “novedoso” sistema para dispensar medicamentos que conocieron en México. “Si se hace realidad, [el proyecto] será beneficioso para la clase asegurada, que tendría su medicamento en [un] tiempo más rápido”, recordó Guerrel.
El viaje a México también fue confirmado por otro miembro de la directiva de la CSS, que prefirió no ser identificado, alegando temor a represalias. Dijo que cuando se planteó el viaje, ya venía con indicaciones de la Dirección General de la entidad, por lo que fue mero “protocolo” la votación para aprobar el periplo cuando se sometió a la consideración de los directivos.
En diciembre pasado, el costo de la licitación de la CSS pasó de 50 millones a 200 millones de dólares, por solicitud de Lau Cortés a la junta directiva.
“Nosotros nos opusimos porque no tenemos las mismas condiciones de México ni el personal”, resaltó Guerrel, por lo que dijo haber votado en contra del aumento del costo de la licitación. No obstante, la mayoría de sus colegas en la directiva aprobó la solicitud de Lau Cortés.
Guerrel sostiene que la licitación no resolvería los problemas en la compra de medicamentos bajo los mecanismos existentes en la Ley 1 de 2001. Tampoco el enfrentamiento de lo que él calificó como “la mafia detrás de los medicamentos”. Encima de todo, dijo que la comisión evaluadora de la licitación “no revisó” en detalle la documentación presentada por la empresa investigada en México, refiriéndose a Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V.
Del viaje no existe constancia en las notas de prensa de la CSS. No obstante, José Alba -uno de los viajeros- afirmó que todos los gastos de la visita fueron sufragados “por el Gobierno de México”. Sin embargo, no pudo precisar qué entidad pública de ese país los invitó.
Alba dijo que fue un viaje corto -del 2 al 4 de noviembre de 2014-, que “el día 5 en la mañana todos estábamos en nuestros puestos de trabajo”, lo que se presta a dudas si se considera que el 5 de noviembre fue día libre nacional.
¿A quién estaba dirigida la invitación para viajar a México? ¿Qué autoridad mexicana corrió con los gastos y cuáles serían sus motivaciones? Estas son algunas preguntas que no fueron respondidas por Lau Cortés al cierre de esta nota.
Ayer, las procuradurías de la Nación y de la Administración anunciaron investigaciones al proceso de adjudicación de la CSS.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, inició de oficio una investigación para precisar cómo y por qué los tres directivos viajaron a México.
En tanto, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación por la contratación del consorcio, “presuntamente de manera irregular”.
Denuncia
La presidenta de la Asociación de Farmacéuticos, Lilia Álvarez, denunció que para adjudicar el millonario contrato, la CSS habría violado la Ley de 22 de 2006 sobre contrataciones públicas, porque dijo que en la comisión evaluadora designada por la CSS para calificar las ofertas de los proponentes “no había nadie idóneo”.
Tras un análisis de la documentación, señaló que detectaron la violación del artículo 118 de la Ley de Contrataciones Públicas, que establece la participación de un profesional idóneo dentro de la comisión evaluadora. Esta comisión -designada por Lau Cortés- estuvo integrada por un economista, un abogado, un ingeniero civil, un ingeniero en informática y el subdirector nacional de logística de la CSS, Demetrio Diamantópulos.
Álvarez coincidió con Guerrel en que el millonario contrato con el consorcio Salud en Control “no solucionará” el desabastecimiento de medicamentos que sufre la CSS. En su lugar, pidió mejorar el sistema de compra, porque “ni siquiera un robot va a dispensar medicamentos que no están en nuestras bodegas”, subrayó.
La última reforma a la Ley de Contrataciones Públicas, de julio de 2019 y sancionada por el presidente Laurentino Cortizo, indica en su artículo 64 que la comisión evaluadora o verificadora deberá estar constituida “por profesionales idóneos en el objeto de la contratación”. También advierte que éstos “preferiblemente, serán servidores públicos”, aunque no de la entidad contratante.
Proceso
Guerrel reveló que la CSS ha gastado más de 170 millones de dólares en sistemas similares durante 11 años, pero “no han solucionado el problema”. En el 2011, la CSS contrató, por 14.5 millones de dólares, el software conocido como “Zafiro”, desarrollado por SAP y vendido por la empresa Advanced Consulting Panama, S.A.
En 2015, el vicepresidente de cuentas globales en Latinoamérica de SAP, Vicente García, se declaró culpable ante un juez de Estados Unidos por participar “en un esquema para sobornar” a funcionarios panameños para obtener contratos. Entre las evidencias encontradas por las autoridades estaba un viaje a México, pagado al entonces administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, Eduardo Jaén, quien en 2016, confesó haber recibido sobornos de SAP.
A pesar de ello, en 2017, la CSS volvió a contratar a SAP International, por 3.9 millones de dólares, para “reactivar los servicios de soporte y mantenimiento”. En su momento, la empresa se desvinculó de su filial panameña acusada de corrupción.