La Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología (SPOG), con el apoyo de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), pondrán en marcha a partir del próximo mes el proyecto Safe Abortion Advocacy Project (Saap), el cual tendrá una duración de cinco años.
En un comunicado, la SPOG señaló que la mortalidad materna es uno de los problemas de salud pública que enfrenta Panamá, y el aborto incompleto e inseguro es una de sus principales causas.
Cifras del Minsa de 2017 muestran que la tasa de muertes maternas era de 35.44 por cada 100 mil nacimientos vivos, mientras que el preliminar de 2018 refleja un incremento que podría llegar a 47.6.
El proyecto, que se planificó a lo largo de seis meses, es una iniciativa de comunicación por medio de la cual se desea educar sobre los riesgos del aborto incompleto e inseguro para la vida de la mujer, así como las causales que permitirían el acceso a los servicios legales de aborto en Panamá y en consecuencia, al aborto seguro.
El Código Penal tipifica el aborto provocado como un delito en los artículos que van desde el 141 al 143, con pena de hasta ocho años de prisión; no obstante existen situaciones en las que no es considerado un delito.
Así lo establece el artículo 144, el cual señala que “no se aplicarán las penas señaladas en los artículos anteriores, si el aborto es realizado, con el consentimiento de la mujer, para provocar la destrucción del producto de la concepción ocurrida como consecuencia de violación camal, debidamente acreditada en instrucción sumarial; si el aborto es realizado, con el consentimiento de la mujer, por graves causas de salud que pongan en peligro la vida de la madre o del producto de la concepción”.
En el primer caso, según la norma legal, se necesita que el delito esté en conocimiento de la autoridad competente y que el aborto se practique dentro de los dos primeros meses de embarazo; mientras en el segundo caso será una comisión multidisciplinaria designada por el Minsa la que determinará las causas graves de salud y autorizará el aborto. En ambos casos lo debe practicar un centro de salud estatal.
El informe de la SPOG detalló que las campañas de educación incluirán médicos de diferentes disciplinas como ginecólogos y médicos especialistas en medicina general, dermatología, cardiología, medicina crítica y psiquiatría, así como enfermeras, entre otros.