Una nueva disposición, en cuanto al tema de propaganda, se incluyó en la iniciativa legislativa de la CNRE, la cual es considerada por los magistrados del TE como “la innovación más significativa” de todo el paquete de reformas.
Se trata de la única forma de subvencionar la propaganda electoral (que no debe confundirse con los gastos de campaña, ver gráfica), que será a través del financiamiento público que tendrá disponible cada partido político y candidato de libre postulación.
El financiamiento público surgirá del 1% de los ingresos corrientes del Gobierno central presupuestados en el año anterior al de los comicios. Se calcula que para las elecciones de 2019 el monto del financiamiento público sea de $100 millones. De este monto, el 60% se desembolsará antes de las elecciones, y entre 2019 y 2024 el restante 40%. Actualmente, el desembolso se da a la inversa.
Para los candidatos de libre postulación, se asigna 20% del financiamiento preelectoral para distribuir de manera igualitaria entre ellos, en función de la cantidad de adherentes que inscriba cada uno, mientras que el 80% restante se distribuirá a los partidos políticos.
El proyecto establece también que la propaganda electoral sea sufragada exclusivamente con los recursos públicos que manejará el TE proveniente del financiamiento estatal.
Es decir, que los partidos políticos y candidatos no podrán recibir ni gastar recursos de ningún tipo provenientes de donaciones y otras fuentes privadas para la publicidad en los medios.
Si se realizan actos de campañas que violen la ley electoral y sus reglamentos, se sancionará al candidato con la inhabilitación de la candidatura y al medio con una multa diaria de 10 veces el valor comercial de la respectiva propaganda.
De igual manera, los medios de comunicación no podrán donar tiempo ni espacio a ningún partido o candidato como tampoco lo podrán hacer los partidos, candidatos o terceras personas, directa o indirectamente.