A petición del presidente Laurentino Cortizo, un grupo de juristas revisó la propuesta de reformas a la Carta Magna aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 28 de octubre y presentó una lista de potenciales ajustes, que se convierte en el primer respaldo específico del mandatario en materia constitucional.
La propuesta endosada por el gobernante incluye 19 cambios y un nuevo artículo a ser considerado en el debate parlamentario, que arranca el próximo 2 de enero.
Por ejemplo, plantea la eliminación de la facultad de la Asamblea para modificar el presupuesto sin la intervención del Ejecutivo.
Además, quita la potestad de los diputados de nombrar un fiscal especial que investigue a los procuradores; elimina el voto de censura que cause la destitución forzosa de los ministros de Estado; asigna nuevamente al Procurador de la Nación la facultad de investigar a los diputados; elimina las candidaturas a múltiples cargos simultáneamente; y le quita a los diputados suplentes el percibir emolumentos que se establezcan en el presupuesto general del Estado.
Hay dos modificaciones en materia judicial. Una, que excluye a la Concertación Nacional para el Desarrollo de la tarea de presentar una terna para que el Ejecutivo seleccione a los magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Y otra, que le resta la facultad al Tribunal Constitucional de declarar como inconstitucionales los referendos o Asambleas Constituyentes.
Con esta iniciativa, Cortizo retoma el centro del debate constitucional y marca su territorio, arrancando con su propio proceso de consultas por medio de talleres con los manifestantes de las protestas de las semanas pasadas. Ahora, la propuesta que resulte será netamente del Presidente y no de los diputados.