En el juicio que enfrenta Joaquín Chapo Guzmán en Estados Unidos se ha acusado al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, de recibir sobornos del crimen organizado en más de una ocasión, aunque esas afirmaciones generan dudas al carecer de pruebas que las sostengan.
El martes, Alex Cifuentes, un narcotraficante colombiano que fue socio de Guzmán, dijo que el exmandatario había recibido un soborno de unos $100 millones, lo que un vocero de Peña Nieto calificó de acusación falsa y difamatoria.
“Todos estos traficantes presumen ‘yo di mucho dinero, yo corrompí al presidente’, pero la lógica y el sentido común me dicen que es algo difícil. Simplemente no lo creo”, dice Mike Vigil, exagente de la DEA. Muchas de estas acusaciones, pese a las primeras planas que acaparan en los periódicos, no tienen sustento legal porque no van acompañadas de pruebas. Cuando un narcotraficante corrompe a un político, suele tener alguna prueba porque es un mecanismo de chantaje que puede necesitar en el futuro, afirma Raúl Benítez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que se debe esperar a que se presenten pruebas.