En el acuerdo pactado entre el Gobierno y el conglomerado italiano Finmeccanica, “se ha querido confundir el tema penal con el comercial”. En este aspecto coincidieron ayer el abogado Adolfo Linares y el diputado panameñista Jorge Alberto Rosas.
“Son dos cosas totalmente distintas, y sobre todo, una de las precondiciones [del acuerdo] ha sido precisamente que Panamá no renuncia a ese derecho de saber lo sucedido. Hay un compromiso formal de la empresa, que antes no lo había, de cooperar con las autoridades panameñas”, dijo.
Mientras que Rosas manifestó que al Ministerio Público le toca seguir con la investigación aun cuando se ha rescatado un dinero. “Para saber el porqué el señor [José Raúl] Mulino compró un equipo que no servía para detectar lanchas a un sobrecosto exorbitante y con el pago de una coima a Agafia”, añadió.
Linares agregó“que a diferencia del gobierno anterior, que trató este contrato de Finmeccanica de una manera oscura, secreta (...) que no fue publicado en la Gaceta Oficial, y que fue negociado y firmado en 30 días, siendo un contrato de semejante complejidad, este gobierno todo lo está haciendo a la luz pública”.
El pasado martes 23 de febrero, el presidente Juan Carlos Varela y el embajador de Panamá en Italia, Fernado Berguido, anunciaron que se había logrado un acuerdo con Finneccanica para superar las diferencias legales surgidas tras la firma de contratos con sus filiales Selex, AgustaWestland y Telespazio, por $250 millones en el gobierno de Ricardo Martinelli. Los contratos habían sido cuestionados por la existencia de un supuesto sobrecosto y por el presunto pago de $25 millones de una comisión.
Con el acuerdo se da por terminado el contrato con Selex para la instalación del sistema de vigilancia costera y esta empresa retirará los radares que no instaló.
Panamá quedará liberada de pagar 38.8 millones de euros y adicionalmente recibirá un crédito a su favor por 29 millones de euros, que se podrán utilizar para la compra de nuevos equipos.
Además, Finmeccanica traspasará al país un helicóptero ambulancia valorado en 8.1 millones de euros.
El borrador de este acuerdo, que está condicionado a que reciba el concepto favorable de la Procuraduría, el refrendo de la Contraloría y a que la Sala Tercera de la Corte levante las medidas cautelares existentes y admita el fin de los procesos por sustracción de materia, se publicará en Gaceta Oficial.
Así lo informaron ayer el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, y su viceministro, Salvador Sánchez, quienes manifestaron que el mismo estará disponible en la página web de la Gaceta (www.gacetaoficial.gob.pa) entre hoy martes y mañana miércoles.
“El acuerdo ha sido explicado ampliamente en esta semana por el embajador [Fernando] Berguido. Los trámites que siguen incluyen varios pasos administrativos para ejecutar el acuerdo y una serie de otras autorizaciones. Hay que recordar que se trata de varios contratos, que se encuentran en distintas etapas y que fueron subscritos en varios ministerios”, aseguró el viceministro Sánchez al ser consultado por este diario.
La defensa del exministro de Seguridad José Raúl Mulino, quien está detenido preventivamente mientras se investiga por el contrato de los radares, ha pedido que el pacto se haga público.
