Al menos 329 privados de libertad han sido beneficiados por las autoridades del Ministerio de Gobierno y del Órgano Judicial con la sustitución o rebaja de sus condenas, como parte de las medidas que han adoptado esas instituciones para reducir el hacinamiento y, con ello, disminuir el riesgo de contagio de Covid-19 en los centros penitenciarios del país.
De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Gobierno, 100 de los reclusos fueron beneficiados con medidas de sustitución de pena, otorgadas por el Judicial tras la revisión de 303 procesos.
Los reclusos incluidos en esta lista son mayores de 60 años de edad o tienen enfermedades crónicas; ya cumplieron las dos terceras partes de la condena; están certificados como internos de buena conducta y participantes de los programas de resocialización.
Los jueces también otorgaron medidas de sustitución a reclusos con la mitad de las condenas cumplidas por delitos simples (hurto, robo, estafa), además de que tuviesen buena conducta y participado en alguna actividad de resocialización en la cárcel.
Los otros 229 reclusos fueron beneficiados con rebajas de sus condenas.
El director de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno, Lorenzo Hincapié, informó que esa entidad trabaja simultáneamente con el Ministerio de la Presidencia en el otorgamiento de estas medidas.
“La aplicación de dichos beneficios penales buscan salvaguardar la vida y salud de las personas privadas de libertad, el personal administrativo y los custodios de los centros penales por la pandemia en el país”, señala un comunicado del ministerio.
En una reunión celebrada el pasado viernes 5 de junio, el Ministerio de Gobierno, el Órgano Judicial y el Ministerio de Salud acordaron establecer dos mesas de trabajo relacionadas con el funcionamiento de los centros penitenciarios en tiempo de la pandemia de la Covid-19. Una de esas instancias se encargará de la instalación de las plataformas tecnológicas necesarias para el acceso a la justicia y evitar que se pierdan las audiencias; y la otra de todos los procesos administrativos y judiciales.