Regresa a la Asamblea Nacional el debate para adoptar medidas de “protección” y que regulen la “recompensa” a los ciudadanos que denuncien delitos contra la administración pública.
La propuesta, presentada por el diputado independiente Gabriel Silva, establece que las autoridades deben mantener la reserva de la identidad del denunciante o testigo, conceder fuero laboral y ofrecer seguridad especial.
A su vez, plantea que se entregue un reconocimiento al denunciante o testigo de hasta el 25% del total recuperado por el Estado, cuando los activos hayan entrado al patrimonio estatal, siempre y cuando la información haya sido “valiosa, útil, real y de buena fe”.
Esta iniciativa, según Silva, busca facilitar e incentivar la colaboración de los ciudadanos con las autoridades en la lucha frente a los delitos contra la administración pública. Planteó que en la propuesta se recoge el compromiso contra la corrupción de Transparencia Internacional que firmaron los candidatos a la elección presidencial de mayo de 2019, incluyendo al hoy presidente Laurentino Cortizo.
Silva dice que el Ejecutivo no ha enviado a la Asamblea ningún proyecto anticorrupción, lo que interpreta como “falta de interés”.
En el documento se deja claro que no podrá acogerse a las medidas de protección quien haya sido acusado o juzgado como coautor de los hechos denunciados. Tampoco aquel que proporcione información obtenida lesionando derechos.
En el quinquenio pasado, el Legislativo aprobó en tercer debate una propuesta similar, sin embargo, fue objetada por “inconveniente” por el entonces presidente Juan Carlos Varela, ya que consideraba que, por ética, todo ciudadano debe informar a las autoridades cuando se da un caso de corrupción o cualquier otra modalidad de delito, sin recibir nada a cambio.
Este argumento, a juicio de Silva, se cae de su peso, debido a que en Panamá, en casos de evasión fiscal, se ofrece un 25% de recompensa.
La propuesta del exdiputado José Antonio Domínguez establecía que las personas que denunciaran la presunta comisión de delitos contra la administración pública tendrían derecho a que se le reconociera entre 10% a 30% del total recuperado por el Estado.