La reforma al Estado panameño, una de las deudas del presidente Laurentino Nito Cortizo con el país, vuelve a figurar como uno de los reclamos de la ciudadanía.
Así quedó de claro en los consensos nacionales publicados ayer en el sitio www.agora.gob.pa, casi un año después de que el Ejecutivo lanzara el llamado diálogo del Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas.
Sobre la reforma del Estado, el documento, de 61 páginas, expresa que hay “desconfianza” ciudadana en las instituciones públicas, centralismo y un débil cumplimiento de los derechos ciudadanos.
Añade que “el actual marco constitucional es inadecuado para asegurar una estado eficaz y el cumplimiento de los derechos. Por eso se propone una reforma constitucional. Junto a ello se pide desarrollar políticas públicas de promoción social y mejoras en las prestaciones de los servicios públicos”.
En relación a la institucionalidad, señala que falta una real división de poderes en el Estado, y garantías a los derechos ciudadanos. En este plano, la modernización del Estado ha sido insuficiente.
Para cerrar esta brecha se propone la modernización de la institucionalidad del país, la digitalización de los servicios y una ley de administración pública, y políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los derechos ciudadanos, especialmente los de los más vulnerables.
En conclusión, se lograron acuerdos en temas de institucionalidad: dos sobre reforma al Estado, tres en seguridad y dos en temas de transparencia.
Algunos consensos
Por ejemplo, se plantea la necesidad de una reforma constitucional integral en la que se redefinan aspectos esenciales, como los fueros, privilegios e inmunidades que gozan ciertos funcionarios públicos, así como la conformación de la Asamblea Nacional en relación con la calidad de los diputados, la forma de escogencia de los miembros del Órgano Judicial y del contralor general de la República y el aseguramiento de los principios de independencia de los órganos del Estado.
Dicha reforma constitucional también debe ir dirigida a los temas en materia electoral relativa al número de diputados, circunscripciones electorales y definir términos de la reelección.
Igualmente, según lo consensuado, se debe establecer un sistema de auditoría jurídica que revise el contenido de las sentencias valorando su condición justa e injusta emitidos por el Órgano Judicial, para dimensionar los actos de corrupción. Todo ello, para lograr un Estado, justo y ético.
Otro de los consensos en este tema es que se revisen y reformen las leyes y procedimientos administrativos que lleva adelante el Estado. Y es que los ciudadanos se quejaron de la poca importancia que se le da al Instituto Conmemorativo Gorgas; la inseguridad, el narcotráfico, el abuso sexual infantil, desigualdad salarial en el sector público, diputados sin estudios superiores, personas que infringen leyes por ignorancia, falta de autonomía municipal, indigentes, etc.
También consideran que falta estabilidad en los puestos públicos por culpa de la política; plantean una lucha frontal contra el blanqueo de capitales; se quejaron del costo de la electricidad; del exagerado número de comisionados y subcomisionados de policía que abultan la planilla estatal, entre otros.
La deuda
La solicitud de una reforma constitucional fue, precisamente, el tema que obligó a Cortizo a convocar a los ciudadanos al Pacto del Bicentenario. Ello, a raíz de que que la propuesta que llevó a la Asamblea en julio de 2019 para una reforma parcial a la Carta Magna —y que tuvo como base lo acordado en el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo— no avanzó debido a las modificaciones introducidas por los diputados.
El 23 de diciembre de ese año, el Consejo de Gabinete aprobó una resolución solicitando a la Asamblea el retiro del paquete de las reformas constitucionales .
Esta deuda con los ciudadanos también fue pospuesta en 2011, en el gobierno del entonces presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), cuando se instaló una comisión de notables que elaboró un anteproyecto de reformas a la Constitución. El documento fue redactado, pero no pasó de ahí.
Paulina Fransechi, coordinadora del Pacto, ha señalado en diversas entrevistas que el diálogo fue producto de una conversación ciudadana que construye acuerdos para orientar la acción pública en la dirección de mayor bienestar para la comunidad.
“Ha sido un intenso proceso de deliberación ciudadana. No solo un evento amplio e histórico de expresión de demandas, desafíos y propuestas por parte de los panameños y las panameñas. Esas expresiones ciudadanas fueron clasificadas, ordenadas, debatidas en su pertinencia y prioridad, revisadas técnicamente, diferenciadas por regiones y por temas. Y fueron transformadas en acuerdos específicos de acción...”, señala la introducción del resumen de las propuestas publicado ayer.
En este diálogo, los ciudadanos presentaron, en total, 186 mil 182 propuestas o consideraciones, de las cuales, fueron acogidas 175 mil 992 y 10 mil 190 descartadas, debido a que se repetían. Las mesas regionales o por provincias llegaron a 1,361 consensos y las nacionales a 187.
